Sí hay afectaciones a Tonantzintla por proyecto smart

El peritaje en antropología social a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) dio la razón a pobladores de Santa María Tonatzintla, al aseverar que dicha comunidad de San Andrés Cholula, es un pueblo indígena afectado en su autonomía por obras concernientes al proyecto “Barrio Smart”.

Juan Carlos Flores Solís, de la Comisión de Ciudadanos, destacó que el dictamen es un punto más a su favor para luchar por la consulta y cancelación definitiva del proyecto que la empresa Smart City comenzó a ejecutar en enero pasado, y que a un 25% de avance ya afectó el reloj, puente, empedrado y parte de la plaza principal.

En rueda de prensa, Mercedes Tecuapetla, también ciudadana de Tonantzintla, explicó que el dictamen a cargo del perito de la PGR reconoce a la comunidad como pueblo indígena náhuatl, que aunque no dio continuidad en la lengua, se rige por sus usos y costumbres.

Además, mantiene los cargos eclesiásticos como el fiscal, teniente, cera mayordomo, vecinales, poteros, diputados y otros cargos civiles rotativos.

En consecuencia, explicó, esta condición obliga a las autoridades promotoras del proyecto, es decir, el ayuntamiento de San Andrés Cholula, a aplicar una encuesta para que la comunidad tenga conocimiento del proyecto y dé o no su consentimiento para su continuación.

También para que los pobladores decidan sobre qué se va a hacer para que se repare el daño presentado al retirar sus elementos de identidad como comunidad indígena, puesto que el puente y reloj retirados pusieron en desequilibrio la tradición del pueblo.

Población se opone al proyecto

Flores Solís aseguró que la mayoría de la población perteneciente a Tonantzintla se opone a la continuación del proyecto “Barrio Smart”, al considerar que se trata de una obra que atenta contra sus tradiciones, pues desde un inicio no se les consideró para una consulta previa.

Indicó que el pueblo lo conforman alrededor de 9 mil 600 pobladores, incluyendo a las personas que recientemente llegaron a habitar a la comunidad, por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y sus familias.

De este número, alrededor de 6 mil son originarios del pueblo, de los cuales estimó que 90% estaría en contra del proyecto, según las estimaciones hechas en asambleas previas para discutir los alcances de la obra.

En marzo fue suspendida la obra, con un 25% de avance. Confió que en diciembre se resuelvan los cuatro amparos interpuestos por la comisión y no sólo para frenar la obra y buscar la reparación del daño, también para que se castigue a los funcionarios públicos que autorizaron el proyecto, atentando contra la comunidad.

Foto: archivomp

dp