Organizaciones opositoras exigen al gobernador Rafael Moreno Valle su respaldo total a las comunidades indígenas.
Huauchinango, Pue.- Organizaciones sociales e indígenas de la Sierra Norte de Puebla descalificaron la intención gubernamental de basar el desarrollo de la entidad en los proyectos mineros, estimaron que la estrategia es equivocada y está afectada de “sordera” por el rechazo que han generado y advirtieron que de concretarse provocará un “estallido social”.
Lee Se suma Tlatlauquitepec a la lucha contra la minería en PueblaMiembros del Consejo de la Tierra (Tiyat-Tlali), de Causa Indígena y de Tetela Hacia el Futuro coincidieron al señalar que la minería no mejorará la calidad de vida de los habitantes del estado, ni atraerá las inversiones, como lo planteó el encargado de despacho de la Secretaría de Competitividad Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín Carillo.
El funcionario del gobierno poblano indicó la semana pasada que “uno de los sectores con alto potencial de crecimiento es el tema de la minería (…) lo que necesitamos es que éste sea un sector más consolidado”, por lo que en este 2014 será detonante de la inversión.
“Ni los veo ni los oigo”
Para Rafael Sevilla Zapata, miembro del Consejo de la Tierra (Tiyat-Tlali), la decisión gubernamental es resultado de una política que ha hecho “oídos sordos” a las movilizaciones y rechazo de los habitantes de diversos municipios serranos, como Ixtacamaxtitlán, Zautla y Tetela, donde ha sido “evidente la oposición a las actividades de las empresas mineras”.
“En Zautla, una asamblea de pobladores de todas las comunidades y ejidos decidió expulsar a la minera china JDC; en Ixtacamaxtitlán son cada vez más los pobladores que están en contra y en Tetela la iniciativa ciudadana está con todo defendiendo sus bienes naturales. Y en Olintla, los totonacos pusieron el cuerpo para no dejar pasar el buldozer que pretendía abrir camino hacia el río Ajajalpan para la construcción de una hidroeléctrica. Pero parece que en el gobierno no se dan cuenta de todo esto”, refirió.
Falsas promesas
Por su parte, la organización Tetela Hacia el Futuro consideró que “la industria minera promete falsamente grandes beneficios, y las autoridades responsables de tomar las decisiones han creído siempre que esto es verdad, sin antes documentarse”.
Mediante un comunicado emitido esta noche, recordó que en el año 2012, ante el entonces titular de la Secotrade, Pablo Rodríguez Regordosa, el director de la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú “reconoció que la minería genera residuos tóxicos y que en Tetela ellos necesitan 190 litros de agua por segundo para sus procesos”.
Dijeron estar a la espera de que el señor “gobernador haga público su respaldo y fije una postura de apoyo total a las comunidades de la Sierra Norte del estado, porque ese fue su compromiso de campaña: ‘Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: …que el crecimiento económico de hoy se haga de manera armónica con el medio ambiente… y Desarrollo Rural: asegurar ingresos sustancialmente mayores para los campesinos y una vida digna para sus familias’”.
Fuera de la realidad
Coincidentemente, Raymundo García López, integrante de Causa Indígena, consideró que las declaraciones del encargado de Secotrade resultan “imprudentes y alejadas de la realidad, porque parece que no han escuchado el reclamo de los pueblos indígenas que exigen respeto para los recursos naturales de los territorios que habitan, que no sólo son propiedad de la nación, sino de los pueblos originarios de acuerdo con varios instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Una estrategia de crecimiento económico basada en la minería es “totalmente equivocada”, abundó, pues esta actividad no traerá desarrollo para las mayorías en el estado y el gobierno se olvida que “no puede disponer de los recursos de los pueblos indígenas, ni avasallar sus decisiones, pues estarían atentando contra la gobernabilidad”, precisó el abogado.
Indicó que es necesario que el titular de la Secotrade se informe sobre los efectos “devastadores” de los proyectos hidromineros”, porque lo dicho por Chaín Carrillo evidencia “el doble discurso del gobierno estatal” que, por un lado dice desconocer la problemática de la minería y, por el otro, anuncia que “ha trabajado con esas empresas en esquemas organizacionales”.
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