Dinero para pobreza fue usado en juicio de Coronango

El Ayuntamiento de Coronango gastó dos millones 536 mil 878 pesos para pagar juicios laborales durante el 2013, a pesar de que ese dinero debía ser usado en el financiamiento de obras sociales para población en condiciones de pobreza extrema y rezago social, según arrojó la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El documento señala que el gobierno municipal a cargo de Efraín Titla Galicia, utilizó en total 14 millones 740 mil 90 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en proyectos que no beneficiaron a personas para las que se encuentran etiquetados los recursos.

Con el FISM sólo es posible atender conceptos como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, urbanización municipal, infraestructura básica de salud, educativa y rural, además de mejoramiento de vivienda.

En total la comuna recibió cuatro pliegos de observaciones, el primero de ellos porque se presume “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por 486 mil 178 pesos más rendimientos, que fueron tomados del FISM para ser transferidos a cuentas bancarias desconocidas y que no fueron restituidos.

El segundo pliego fue abierto porque las autoridades usaron un millón 592 mil 264 pesos en la rehabilitación de alumbrado público, cuando ese dinero no podía ser destinado para esos trabajos.

Otra observación destaca que el ayuntamiento invirtió 10 millones 124 mil 768 pesos en siete obras de adoquinamiento y una de alcantarillado en colonias que no son consideradas con rezago social o pobreza extrema, por lo que no podían acceder a recursos del FISM.

Finalmente la ASF observó el pago de dos millones 536 mil 878 pesos más los rendimientos generados, por haber sido usados en el pago de laudos correspondientes al juicio civil 83/2103, a pesar de que eran parte del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

La defensa

Por su parte, la administración actual de Hermelinda Macoto Chapuli presentó documentos en los que defiende la realización de obras con dinero del FISM, a pesar de que estas no cumplieron con los lineamientos marcados por la ley.

Ahí resalta que “la localidad y la cabecera municipal presentan un grado de rezago social BAJO”, por lo que da argumentos para defender las acciones del municipio.

Sobre el uso del dinero del FISM para el pago de juicios laborales, la comuna destaca que el 5 de septiembre del 2013 fue condenada a pagar cuatro millones 383 mil 355 pesos más intereses a favor de Luis Alberto González, quien inició una demanda por incumplimiento de contrato.

Destacó que tres millones 367 mil 550 pesos fueron embargados de las cuentas del FISM, por lo que la Contraloría municipal inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra el anterior síndico, Federico Amastal Gutiérrez, por no “no interponer ninguna acción de excepción” para impedirlo.

Las autoridades municipales también dieron a conocer que comenzaron un proceso administrativo de determinación de responsabilidades contra la ex tesorera, Ofelia Sánchez Hernández, tal y como lo pidió la ASF, por abrir dos cuentas bancarias para manejar el dinero del FISM, lo que se encuentra fuera de la norma.