Habrían falsificado firma para acusar a inspector de San Andrés

San Andrés Cholula, Pue.- Una denuncia penal por abuso de confianza interpuso María de la Paz Eustaquio Hernández porque usaron sus documentos y falsificaron su firma para integrar le presunta queja con la que suspendieron de su cargo al inspector de Concepción la Cruz, Daniel Pérez Hernández.

En la averiguación previa 211/2016/SACHO, la afectada acusa a Norberta Velázquez Juárez, María Martha Vicenta Badillo Ruiz y Juan Carlos López Bravo de haberle solicitado una copia de su credencial para votar a cambio de la cual le entregarían una despensa gestionada por el diputado federal, Miguel Ángel Huepa, para después utilizarla como si se tratara de una de las acusadoras de Pérez Hernández.

No solo ello, sino que para validar la supuesta queja por parte del grupo “Corazón Abierto”, al cual tampoco pertenece, falsificaron su firma, la cual cotejada con la que aparece en su documento oficial, difiere en las formas y rasgos.

Según su dicho, existen otras personas que fueron utilizadas de la misma manera pero que se han negado a denunciar los hechos.

“Yo sí estoy muy molesta, en primera, por qué nos están metiendo a nosotros, yo fui a levantar mi denuncia caiga quien caiga porque eso no se vale, al rato ellos hacen una cosa y me la van a cargar a mi ¿por qué? porque me falsificaron la firma”, dijo.

Por el cierre del edificio de la presidencia de la inspectoría hay otros afectados: al menos una decena de empleados administrativos no han recibido el pago de su salario desde el mes de noviembre, según señaló Anayeli Adalmontes, quien laboraba como secretaria.

Refirió que no les han informado formalmente de sus bajas pero tampoco les han pagado lo correspondiente a sus prestaciones.

El día 9 de enero acudieron a la presidencia de San Andrés Cholula para dialogar con el síndico y el contralor quienes les dijeron que les pagarían lo que se les adeuda siempre y cuando haya una autoridad instalada, sin embargo, advierte que quieren imponer al suplente, Javier Jiménez Hernández, quien había renunciado al cargo a mediados del año pasado.

“Nos pidieron que hiciéramos a un lado a las personas para que él pudiera entrar y entonces sí a partir de ese momento iban a empezar los movimientos para pagarnos, somos 10 personas a las que se nos ha debido el pago”, agregó.

En tanto, José Braulio Manuel Ixco Chantez, quien también fue demandado por la empresa MRC Construcciones por presunto daño en propiedad ajena, junto con el inspector Daniel Pérez, acusó que la estrategia penal nació en el ayuntamiento para hacerles perder tiempo.

Consideró que se trata de una persecución política en su contra, pese a que apoyó a Leoncio Paisano en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, sin embargo, indicó que una vez en el cargo no toleró que se le solicitaran servicios y se le reclamara su normalización.