Deselec omitió declarar afectaciones por hidroeléctrica en Tepatlán

Huauchinango, Pue.- Información omitida sobre las afectaciones a usuarios y al caudal ecológico del río Ajajalpan y modificaciones al proyecto inicial para la construcción de un segundo embalse en la hidroeléctrica Puebla 1, fueron las razones por las que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa Deselec-Comexhidro.

De acuerdo con el resolutivo emitido por la Semarnat dentro del expediente 21PU2015E0054, la empresa que pretende generar electricidad para las tiendas Walmart, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, no estimó el volumen disponible de aguas superficiales en el lugar en el que pretende instalar la presa Zoquiapa, ni las posibles afectaciones de usuarios y del caudal ecológico que se tendrían por esa obra. Tampoco la cantidad de agua que desviaría hacia el proyecto ni el impacto sobre los terrenos y su ecosistema.

La presa forma parte del proyecto que Deselec-Comexhidro quiere desarrollar en los municipios de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya donde decenas de habitantes, la mayoría de la etnia totonaku, han manifestado su oposición a los trabajos que se encuentran suspendidos por orden del Juez Primero de Distrito en el estado luego de que demandaran el amparo de la justicia federal.

La empresa realizó modificaciones que alteraron el proyecto original debido a que quiere construir una cortina de mayor altura pues pasó de 6.5 a 8 metros, además de que los 2 mil 173 metros de la línea de conducción serían superficiales, desechando la idea original que contemplaba que mil 588 metros serían subterráneos, sin embargo no consideró los nuevos impactos que se generarán por esta situación.

Aunque la firma aseguró que estos cambios no causarían daños ambientales diferentes a los previstos, no incluyó un estudio técnico que probara que estos incrementos no alteran el entorno, pues no indicó el incremento que se tendría en la superficie del embalse, sus capacidades de almacenamiento, ni si la capacidad de descarga permanecería igual o también tendría modificaciones.

La Semarnat consideró que “al haber omisión de información relacionada con las modificaciones solicitadas, también se tiene un vacío en relación con la descripción de los impactos que se generarían ya que aún y cuando la empresa indicó que 'Ia mayoría de las obras del proyecto en evaluación, se desarrollarán en superficie de afectación de un proyecto ya autorizado’, la nueva presa no se encuentra en los terrenos de la Hidroelectrica Puebla 1”.

La inversión para el proyecto, según el documento sería de 28.5 millones de pesos y tendría una vida útil de 36 años, para el que requeriría el cambio de uso de suelo forestal de más de tres hectáreas y media del ecosistema bosque mesófilo de montaña. Para estos trabajos, que se realizarían en 3 años, la empresa contrataría a 92 trabajadores.

En el MIA que la Semarnat rechazó, los empresarios aseguraron haber cumplido con la consulta a los pueblos indígenas a que los obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde abril de 2015, sin embargo el supuesto ejercicio ha sido calificado por los pobladores como “un fraude”.

Según los habitantes de los tres municipios afectados, la hidroeléctrica Puebla 1 podría ser la generadora de energía cuya construcción fue anunciada el pasado 27 de Junio por el presidente Enrique Peña Nieto, en la que participará la empresa canadiense Innergex, que es socia de Comexhidro.

Por ello, indicaron los totonakus de la Sierra Norte de Puebla, decidieron dar a conocer la resolución del Juicio de Amparo que interpusieron y que estará vigente hasta que se dicte sentencia con la que esperan poner un alto a la violación de sus derechos colectivos que, además de la Constitución, son protegidos por diversos tratados internacionales.

Aseguraron que su oposición a la Hidroeléctrica Puebla 1, se basa, entre otras razones en “que quiere ser presentada como generadoras de energía limpia, cuando en realidad están vinculadas a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización del agua de nuestros territorios para beneficio de empresas transnacionales”.