El alcalde Óscar Paula Cruz habría violado la ley al otorgar el permiso sin la aprobación del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Territorial Integral.
Cuetzalan, Pue.- Con un recurso de inconformidad, pobladores de Cuetzalan impugnaron la licencia de uso de suelo que otorgó el ayuntamiento para la construcción de una subestación y una línea de alta tensión de más de 20 kilómetros, pues consideran que viola la ley y el Programa de Ordenamiento Territorial de este lugar.
Además de mentir, se informó, el alcalde Óscar Paula Cruz violó la ley al otorgar este permiso sin la aprobación del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de este lugar y se suma al Juicio de Nulidad que interpusieron en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A la fecha, ni el presidente municipal, ni el síndico han dado respuesta a la inconformidad presentada, con lo que cometen otra infracción legal, se indicó.
Las acciones legales y la búsqueda de alternativas energéticas -agregaron los opositores- son las más recientes formas de expresar el rechazo a las obras que devastarán el ecosistema de bosque mesófilo de montaña y, únicamente, abastecerán de electricidad a las empresas mineras y a las que explotarán los hidrocarburos a través de la fractura hidráulica (fracking) que se establecerán en la parte baja de esa zona.
Se informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) convocó a supuestas asambleas informativas y de consulta sobre el proyecto que afecta además a pobladores de Ayotoxco, pero también son violatorias de los derechos de los pueblos, pues se distorsiona la información, no tienen método, ni sustancia.
“Mientras nuestro pueblo construye, argumenta y cultiva –dijeron-, las autoridades empezaron a orquestar un proceso de consulta, de reuniones informativas distorsionadas. Promovieron que la CFE a través del conciliador José Becerra, reuniones en las juntas auxiliares en las que hicieron una presentación casi sin argumentos. Sólo dijeron que la obra era para llevar electricidad a los pueblos y que por culpa de unos cuantos inconformes no se estaba avanzando. La gente les contestó que ellos mismos estaban inconformes y que no eran unos cuantos. Lo mismo pasó en San Miguel Zinacapan, San Andrés Tzicuila, Zacatipan, Xiloxochico, Santiago Yancuitlalpan, Xilocoxhico, Yohualichan y Xocoyolo”.
La gente le dijo a los de CFE que la electricidad generada en los ríos de la zona sólo servirá a los megaproyectos y rechazaron las obras con “argumentos; y eso constituye un proceso histórico porque se han parado las consultas con dignidad, con argumentos, con información”, expresaron.
Denunciaron que José Becerra –quien fue invitado pero no asistió a la asamblea- les argumentó que parar las obras es un acción ilegal debido a que la CFE tiene un mandato para “llevar energía a las comunidades y que impedirlo era una ilegalidad, y dijo que no quería que las cosas llegaran a más”.
Las cosas no subirán a más, ofrecieron, porque la Constitución Mexicana establece que los pueblos originarios deben determinar qué hacer en sus territorios y que la máxima autoridad de la nación es el pueblo, por lo que la suspensión de la subestación y la línea de alta tensión, es una decisión soberana.
“Es cierto que no es un proyecto hidroeléctrico, que no es una minera, que no es fracking, pero lo que también es cierto es que la subestación y la línea de alta tensión es para mineras, fracking, y para conectar a las hidroeléctricas”.
La línea de alta tensión se proyecta con una longitud de 20 kilómetros atravesando terrenos de las comunidades de Cuetzalan y Ayotoxco; pasará a menos de un kilómetro del río Apulco que corre sobre la localidad de Cuamono, y llegará hasta Papantla donde está el mayor número de pozos petroleros abiertos en el estado de Veracruz a través del fracking.
La subestación se pretende construir en las inmediaciones de la cabecera municipal de Cuetzalan, cerca de donde la empresa ICA desea instalar 4 centrales hidroeléctricas sobre el Río Apulco, y de las concesiones mineras otorgadas a Grupo Frisco en Tetela y a Minera Autlán en Cuetzalan y Tlatlauquitepec.
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