Federación y estado violan derechos de damnificados del 19s

Izúcar de Matamoros, Pue.- Cuatro familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre con residencia en este municipio de la Mixteca poblana lograron el amparo de la justicia federal que obliga a las autoridades estatales y municipales a brindarles albergue mientras sus casas son reconstruidas porque fueron pérdida total, informó Gilberto Maldonado Maldonado, integrante del Comité Ciudadano de Reconstrucción de Damnificados.

Unos no recibieron la atención debida durante la contingencia del año pasado y a otros les negaron el acceso a recursos del Fondo Nacional de Desastres, para la reconstrucción de las viviendas.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el amparo colectivo 1284/2018, instruyó al gobierno del estado y autoridades municipales reparar daño a estas familias afectadas, tras haber violado sus derechos constitucionales.

Gilberto Maldonado de la región sur-sureste del comité ciudadano de reconstrucción de damnificados agregó que interpusieron otros dos amparos colectivos donde se consideran 7 y 21 familias afectadas.

En los próximos días, dijo, presentarán otro amparo colectivo, donde integran de 250 a 300 familias, que fueron damnificadas por el sismo en Izúcar de Matamoros, ante la falta de atención por parte de las autoridades.

Indicó que los amparos, y las instrucciones que ha girado el juez, es que mientras se reconstruye la vivienda de las cuatro familias afectadas -consideradas en el primer amparo- y mientras reciben su dinero completo correspondiente a los daños, la autoridad debe de otorgarles una vida digna en un albergue digno con servicio médico, medicamentos y alimentos.

En entrevista con Municipios Puebla, explicó que los amparos fueron promovidos por la reforma de la Ley de Amparo de 2011 y 2013 que permiten la protección de los derechos humanos, en función de lo estipulado en Tratados Internacionales suscritos por nuestro país.

El amparo obliga a los tres órdenes de gobierno a proteger los derechos de los damnificados y, el Poder Judicial notificó a las secretarías federales de Desarrollo Social y la de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sedatu); al gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud y Protección Civil, y al ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, encabezado por Manuel Madero González.

clh