El coletazo del huachicol

“Señor secretario, lo prevengo de que una medida arbitraria contra compañeros del sindicato, sin bases ni pruebas, nos hará protestar paralizando al país; tome usted sus decisiones, y asuma las consecuencias…”. Palabras más, palabras menos, este es el diálogo que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), refería haber sostenido con Carlos Romero Deschamps, el poderoso dirigente del sindicato petrolero, cuando discutieron evidencias de que personal participaba en el robo de combustible, desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

García Luna, el hombre que gozaba de la mayor confianza presidencial en temas de seguridad, decía contar con pruebas que implicaban a trabajadores y a funcionarios de la empresa petrolera, pero decidió mirar hacia otro lado, y recomendó a varios gobernadores estatales hacer lo mismo, ante un delito que entonces representaba al Estado pérdidas estimadas superiores a los 10 mil millones de pesos anuales.

Esa cifra se multiplicó durante la administración Peña Nieto, cuando el problema fue atribuido a comunidades marginadas que “chupaban” ductos, dejando de lado los señalamientos de corrupción en Pemex como factor relevante, especialmente ante indicios de que el crimen organizado controla este negocio.

José Antonio González, a la sazón director de Pemex (luego sería secretario de Hacienda), descartó públicamente que el robo de gasolinas superara 30 mil millones de pesos al año. El presidente López Obrador acaba de sostener que equivale al doble. En el pasado verano, durante una batida en Puebla contra la perforación de ductos de gasolina, un destacamento de la Policía Federal acampó en una vieja bodega en cuyas cercanías había sido destruido equipo de huachicoleros, o ladrones de combustible. Por la madrugada los despertó el ruido de varios vehículos: eran trabajadores de Pemex reconectando mangueras para que el saqueo siguiera. Fueron arrestados, pero después se les liberó.

En esa misma entidad, un ex director de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas (ex colaborador de García Luna y señalado por narcotraficantes de recibir sobornos), debió renunciar en 2015 luego de que dos altos subordinados fueron capturados por el Ejército mientras escoltaban el traslado de gasolina robada. Rosas había sido designado dos años antes por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Los procesados recibieron sentencias menores, por lo que saldrán a la calle este mismo año. Durante más de una década, la cuádruple crisis (de seguridad, económica, social y política) ligada al huachicol ha despertado disimulo y complicidad por parte de entidades gubernamentales, de todos los niveles. Ello trajo la percepción de un gigantesco caso de corrupción que implica seguramente a múltiples actores.

El anuncio realizado por López Obrador en los últimos días del año, en el contexto de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y de su esposo, el citado Moreno Valle, coordinador del PAN en el Senado, despertó expectativas positivas, pero también atrajo comentarios de que solo se buscó tender una cortina de humo ante la polémica desatada por la tragedia en Puebla.

Como ha ocurrido en otros momentos de tensión en los que Pemex está implicado, varias regiones del país, especialmente el centro, encaran hoy una creciente escasez de combustibles. El gobierno ha dicho que ello es provocado por un nuevo sistema de distribución de gasolinas, mediante pipas, lo que podría no resistir una discusión seria.

Un eje crucial de todo el problema radica en Guanajuato, donde diagnósticos serios demuestran la correlación entre el índice de homicidios en la entidad y la operación de bandas criminales ligadas al huachicol. Cerca del 30% de los ductos de Pemex cruzan por territorio de ese estado, que ha sido convertido en zona de guerra por dos cárteles que se disputan el negocio (Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima). El gobernador, Diego Sinhué, impulsa una estrategia con la participación de la Marina, y ha tenido reuniones con miembros del gabinete de López Obrador sobre el tema, en espera de más apoyo.

Todavía faltan profundidad y claridad a los anuncios oficiales contra la mafia criminal (así como sindical e institucional, en Pemex) del huachicol. Sin detenidos a la vista, sin más acciones y menos impunidad, estaremos ante el riesgo de un nuevo caso de simulación. Apuntes: Germán Martínez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, entró la semana pasada en el terreno políticamente resbaladizo que justificó su nombramiento en una posición que será pivote de un nuevo sistema de salud. El IMSS encara ya presiones operativas y laborales por su nueva red de clínicas en zonas marginadas; tendrá un enorme peso en los estados y, por si hiciera falta, el funcionario deberá lidiar con las especulaciones que lo proyectan como candidato a la gubernatura de Michoacán en 2021.

Roberto Rock L.

El Universal