Los casos fueron detectados por las actuales administraciones en los municipios de Tlatlauquitepec, Xicotepec y Tlapanalá.
Tlatlauquitepec, Pue.- Los exalcaldes de Tlatlauquitepec, Tlapanalá y Xicotepec no comprobaron el uso de 100 millones de pesos, confirmaron las administraciones de esos municipios, tras terminar los periodos de entrega-recepción.
Lee Denunciarán por robo de 4 mdp a ex edil de XicotepecEl caso más grave es el de Tlatlauquitepec, donde se detectó un presunto daño patrimonial por más de 90 millones de pesos por parte del exedil Ángel Guerrero Herrera.
En tanto que en Tlapanalá, Gerardo Rosas Cázares, y en Xicotepec, Juan Carlos Valderrábano, no han comprobado el uso de 10 millones de pesos.
Tlatlauquitepec
El presidente municipal, Porfirio Loeza Aguilar, confirmó que su antecesor no comprobó el uso de 90 millones de pesos, por lo que el caso fue turnado a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El alcalde destacó que Bertha Elizabeth Jaramillo Fernández, suegra del ex tesorero y ex candidato a la alcaldía, Felipe Prado Lozada, recibió transferencias por 117 mil pesos el 10 de octubre de 2018.
Además, a esta misma persona la comuna le pagó 910 mil pesos por concepto de publicidad.
A Edith Santiago y Jonathan Islas, quienes fueron prestanombres de la pasada administración –agregó- se les hicieron pagos por 2.5 millones de pesos.
Loeza Aguilar acusó que la organización Serranos en Acción, dirigida por Héctor Guerrero, hermano del expresidente, recibió 2.5 millones de pesos anuales para la entrega de apoyos.
Al Hotel San Miguel, a nombre de Elíseo Cano Marcelo, se le pagaron 700 mil pesos entre enero y octubre de 2018. Se sabe, extraoficialmente, que este negocio es del exalcalde panista Ángel Guerrero Herrera.
En cuanto al gasto de gasolina, se destacó que no hay bitácoras de recorridos, además de que solo en 2018 se pagaron cinco millones de pesos a Javier Guzmán Jiménez, dueño de la gasolinera ubicada en Los Pinos.
A una persona identificada como Pablo Rivera González se le destinaron 18 mil 750 pesos mensuales para el mantenimiento de los gimnasios al aire libre, aunque no realizó ningún trabajo, apuntó.
Otras erogaciones fueron para Dilis Arrieta Báez, quien cobró siete millones 345 mil pesos por servicio de alimentos en el periodo enero-octubre de 2018.
En la unidad deportiva Los Pinos se utilizaron 18 millones de pesos para pintar el inmueble, construir una pista de tartán y unas palapas.
También hay información de que el ayuntamiento cobró 545 mil pesos a productores por un programa de fertilizante.
Xicotepec
El gobierno municipal inició un procedimiento administrativo en contra del gobierno de Juan Carlos Valderrábano, anunció la alcaldesa Laura Guadalupe Vargas.
Será el síndico municipal, Josué Garay Hernández, el encargado de interponer las denuncias por el presunto robo en una cuenta bancaria por más de cuatro millones de pesos.
Lo mismo ocurrirá por la sustracción de expedientes del Registro Civil, libros de cabildo de enero a octubre de 2018, además de expedientes de obra pública, compra y enajenación de bienes.
No se sabe “qué contrataron, ni cómo lo hicieron porque los expedientes de adjudicación no se encuentran en el ayuntamiento. Se llevaron hasta lo que encontraron debajo de las mesas”, acusó la edila.
Expresó que el parque vehicular del servicio de limpia y de infraestructura lo encontraron descompuesto.
Compartió que la Auditoría Superior de la Federación “le solicitó a la Secretaría de Finanzas del estado pedir el reintegro de más de 10 millones de pesos al ayuntamiento anterior. No devolvieron el dinero y tampoco lo dejaron para que nosotros lo devolviéramos”.
Tlapanalá
El exedil de Tlapanalá, Gerardo Rosas Cázares, fue llamado a comparecer por el gobierno municipal para aclarar el uso de seis millones de pesos durante su administración.
El área jurídica le pidió justificar el gasto de ese dinero y explicar las deudas por varios millones de pesos que tiene la comuna.
Y es que el alcalde Lorenzo Pliego, recibió una administración en números rojos.
Rosas Cázares no entregó ningún expediente de obra de 2017 y 2018, no timbró la nómina por cuatro años, y dejó una deuda de dos millones de pesos por los impuestos que no pago por retenciones a los trabajadores. Tampoco se encontraron los libros de cabildo de toda la administración anterior.
Se prevé que el caso sea entregado a la Auditoría Superior del Estado.
GJ
Foto: archivom
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