Damnificados por sismo en la Mixteca piden audiencia con AMLO

Izúcar de Matamoros, Pue.- Este fin de semana en Izúcar de Matamoros se celebró el X Encuentro de Nacional de Damnificados, que tuvo como principal resolutivo exigir a AMLO el derecho de audiencia para exhibir de viva voz las pruebas de las omisiones de los gobiernos y la Federación después del sismo del 19 de septiembre

La tragedia del sismo del 19 de septiembre de 2017 no ha terminado para miles de damnificados en Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, incluso se ha agudizado. A 17 meses del terremoto, afectados siguen sobreviviendo bajo carpas o techos que amenazan con caerse, con incertidumbre legal; en medio de la voracidad de empresas inmobiliarias y la más completa indolencia de las autoridades.

Este fin de semana en el municipio de Izúcar de Matamoros se celebró el X Encuentro de Nacional de Damnificados que tuvo como principal resolutivo exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el derecho de audiencia para exhibir de viva voz las pruebas de las omisiones de los gobiernos y la Federación después del sismo del 19 de septiembre (19S).

Fue en Izúcar de Matamoros, la puerta de entrada a la Mixteca Poblana y el municipio poblano que resultó más afectado por el sismo de 7.1, donde se precisó la redacción del documento que será entregado al gobierno federal este lunes, con la esperanza de que la administración de AMLO dé fin a la agonía de miles de familias.

La Red Nacional de Damnificados, Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, Movimiento De Liberación (Cocei–ML), Barrios y Colonias Unidos por Jojutla, Morelos, Redes Regionales de Vecinos Afectados por el Sismo de Morelos, Oaxaca y Chiapas, Consejo Comunitario de Colonias y Pueblos del Municipio de Axochiapan Cocopa, y el Consejo del Pueblo de la Región de Izúcar, entre una decena más, dieron cuenta del fracaso de los censos generados por las Declaratorias de Desastre Natural del 7 y 19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018, pues a más de un año cuatro meses existen pobladores que, pese a las promesas y discursos de cumplimiento, no han recibido el apoyo.

Luego del Encuentro Nacional una fila de habitantes de la región de Izúcar presentó su caso de incumplimiento. Uno más dramático que el anterior. “La tragedia no ha terminado, aquí seguimos, vamos pasando los días como podemos, ahora estamos más pobres y para rematar, rogando por ayuda”, dijo María Luisa Villalba Espinoza quien sufrió el derrumbe de su casa que funcionaba también como negocio.

Luisa, viuda de un militar de rango, Roberto Escamilla, pudo escapar a la caída del inmueble de la calle Porfirio Díaz en Chietla, del que literalmente no quedó piedra sobre piedra. Aunque fue censado con los folios 86192, CENSADO BUAP #18 FI, SDS y SRO20, la señora Villalba no recibió la ayuda para la reconstrucción porque se trataba de un local comercial y solo le ofrecieron el esquema del micro–negocio, que tampoco ha llegado.

Viuda y sin hijos ni familia, ha tenido que darse tiempo ahora en su empleo de empleada doméstica para exponer su caso a autoridades, pero se ha topado con un sistema burocrático que además no le ha ofrecido información completa, clara y veraz que le ayude a palear su propia tragedia.

Jesenia Rincón Enríquez, inspectora de Barrios y Colonias e integrante del Consejo del Pueblo de la Región de Izúcar, quien se ha dedicado a documentar los casos no atendidos y pendientes del gobierno estatal, abrió una mesa de recepción de casos nuevos de incumplimiento al término del X Encuentro de Damnificados.

“A 17 meses del sismo la tragedia sigue intacta”, dijo a este medio mientras hacía crecer su lista ya numerosa de casos de habitantes que no fueron censados, que recibieron tarjetas sin fondos y ayudas incompletas. “Nadie les ha hecho caso. Hay un centenar de casos que provocan indignación”, dijo.

Corrupción, delito doble si se comete contra afectados

En su posicionamiento, la Red Nacional de Damnificados señalaron a los gobiernos como insensibles al dolor y la desgracia del pueblo y la impunidad de funcionarios que utilizaron la tragedia para hacer negocios en la reconstrucción. Denunciaron que existió tráfico de influencias y en el caso de Puebla, lucro electoral.

Habitantes de Izúcar acusaron que damnificados se convirtieron en “botín político” de parte de Gerardo Islas, exsecretario de Desarrollo Social del Estado y quien estuvo a cargo de la entrega de apoyos, luego postulado como candidato a diputado local en la mixteca.

Recordaron que el candidato por la coalición “Por Puebla al Frente”, formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano durante su campaña repartió bultos de cemento y materiales de construcción a nombre propio, además de la promesa de reconstruir las casas de un centenar de afectados, con “dinero de su bolsillo” si resultaba beneficiado en las urnas.

Gilberto Maldonado, integrante del Consejo del Pueblo de la Región de Izúcar, reveló que pobladores de la Mixteca solicitaron en cuanto diputados tomaron posesión de la nueva legislatura –específicamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local–, para que se investigara a funcionarios y exfuncionarios de los diferentes niveles de gobierno en el Estado de Puebla vinculados con la atención de los damnificados, respecto a la posible desviación de recursos destinados al proceso de reconstrucción.

En el documento entregado se solicitaba extendieran las investigaciones a las constructoras participantes y se atendieran las desviaciones, corruptelas y fraudes en el proceso de reconstrucción de viviendas afectadas.

La Red de Damnificados visibiliza la dimensión de la tragedia

“Justicia lenta no es justicia” asentó Leopoldo de Gives de la Cruz, integrante de Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, Movimiento De Liberación (Cocei – ML) en Oaxaca, explicó que la Red Nacional de Damnificados y los Encuentros Nacionales en cada uno de los estados, han propiciado la solidaridad entre las organizaciones de damnificados; visibilizando la dimensión de la tragedia.

“Se ha puesto en evidencia las formas de discriminación y exclusión practicados por gobernantes salientes, y hemos tenido lo que nos habían negado: interlocución”.

Gives de la Cruz denunció el tremendo rezago en la atención a damnificados oaxaqueños a un año seis meses de aquel 19 de septiembre de 2017, llevándose la mano a la frente explica: “Es tan grave que la demanda es que se corrijan los censos con los que comenzaron a operar los programas, el grado de invisibilidad de afectados es enorme”, asentó.

La visión fue compartida por Domingo Islas Díaz, integrante de Barrios y Colonias Unidas por Jojutla y miembro de la Red Nacional de Daminificados de Morelos quien aseguró que a 17 meses del 19S, damnificados de su estado siguen durmiendo a la intemperie, bajo carpas. Municipios no han apoyado a los afectados en el retiro de escombros.

Explicó que aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado anunció el nuevo Programa de Reconstrucción a la fecha no se ha dado el primer martillazo. “SE trabaja sobre los nuevos censos, fue una demanda finalmente atendida pero va muy lento”.

De 48 municipios afectados apenas 2 han iniciado los trabajos, en Ixtaltepec y parte del Espinal se avanzan con las verificaciones e identificaciones de damnificados.

Arturo Díaz González, Red Nacional de Damnificados en Chiapas destacó la nula respuesta que han tenido afectados por el 19S, denunció la corrupción en la entrega de los pocos recursos que llegaron al estado sureño.

“En Chiapas el proceso de reconstrucción avanza más lento que en los otros estados, el presupuesto que se ejecutó se hizo a personajes sectoriales, apegadas a los ayuntamientos, hay casos extremos que no fueron censados y aparecen como damnificados, por ejemplo, hay un caso de Cintalapa, Chiapas donde un habitante aparece 12 veces apoyado por la Sedatu, pero el ciudadano no ha recibido nunca ningún apoyo”, denunció.

Arturo Díaz señaló que el reciente sismo ocurrido en Chiapas dañó aún más las casas ya afectadas y las autoridades no han reaccionado al hecho. “Hay una instrucción del gobierno federal para que se atiendan, pero en los estados simplemente se pasan por alto”.

Crece el número de municipios en resistencia contra la CFE

Armando Toledo integrante del COCEI ML y la Red Regional de Vecinos Afectados por los Sismos y Arturo Díaz representante de la Red Nacional de Damnificados en Chiapas llamaron a unirse a la insistencia de la condonación de pagos de los recibos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues los recibos, la mayoría con cobros excesivos, llegan puntualmente a las direcciones de damnificados cuya casa ya no existe o apenas está en pie “desconocemos dónde tomaron lectura”.

En Chiapas, aseguró Díaz, ya hay 20 municipios en resistencia. Detalló que en territorio chiapaneco se genera hasta 30 por ciento de la electricidad del país y a sus habitantes se les cobra la tarifa que es hasta tres veces mayor que en otros estados, incluso los vecinos.

Con información de La Jornada de Oriente y Foto Kara Castillo

clh