Denuncian que es ilegal permiso que otorgó Rivera para obras en Los Fuertes

Puebla, Pue.- A minutos de que un cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determine si otorga o niega permiso a Agua de Puebla para proseguir las excavaciones en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, diversas organizaciones sociales, académicos, autoridades municipales, ex funcionarios estatales y comunales, activistas y litigantes, exigieron no solo que las anuencias sean negadas, sino que se sancione a la concesionaria por haber iniciado las perforaciones la semana pasada, sin autorización en la zona monumental.

Los representantes de organizaciones como la Asamblea Social del Agua, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), el Comité de Defensa del Patrimonio Histórico y Ambiental, el Movimiento Antirreleccionista, la Unión de Trabajadores Despedidos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, el Colectivo Matlalcueye, La Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla y el Cetro de Defensa de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala, entre otros, anunciaron en una rueda de medios la conformación de una alianza que se encuentra desde hoy en asamblea permanente hasta realizar la remunicipalización de la administración del líquido y se castigue a la compañía, así como a las autoridades anteriores y en funciones del nivel estatal y municipal, que la han beneficiado.

En la conferencia también se hizo presente el ambientalista Francisco Castillo Montemayor -preso político del fallecido ex gobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas-, y el síndico suplente del ayuntamiento de Puebla, Omar Jiménez Contreras, quien es el litigante que más amparos le ha ganado a Agua de Puebla.

Todos reprocharon que la presidencia municipal de la capital poblana encabezada por la morenista, Claudia Rivera Vivanco, haya entregado permisos a la concesionaria para intervenir en la zona de Los Fuertes y recordaron que una de las promesas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue recuperar la administración del servicio de agua potable y que la Cuarta Transformación está en contra de la privatización de ese recurso.

La universitaria Esther Galicia Hernández, emisaria del Comité de Defensa del Patrimonio Histórico y Ambiental, advirtió que es seguro que el área donde la empresa cavó sin anuencias la semana pasada se encuentra dentro de la poligonal protegida por el Decreto Presidencial de 1977, por lo que debe ser sancionada la empresa .

Manuel Bravo, de la Unión de Trabajadores Despedidos del Sistema Operador de Agua Potable, fue más allá y dijo que hay 200 rescindidos dispuestos a ir a parar de manera leal y pacífica las obras, si el INAH las autoriza.

El colectivo dio a conocer un manifiesto que se transcribe íntegro a continuación:

“En cinco años de la concesión se han agravado los problemas existentes.

“Se cumplen cinco años de que Concesiones Integrales SA de CV, conocida comercialmente como Agua de Puebla, fue favorecida con la adjudicación para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc. La expectativa fue que harían fuertes inversiones e infraestructura, personal altamente capacitado y tecnología de punta, de que el servicio sería eficiente, bajarían las tarifas y la deuda bancaria, y se sanearían las descargas.

“La concesión fue otorgada de manera irregular y anómala. El procedimiento ha permanecido en la opacidad, al grado de que no se conocen la convocatoria, las bases de licitación y la forma en que fue adjudicado el contrato para favorecer a la empresa.

“En cinco años de operación estos son los resultados:

“El servicio no cumple con ser oportuno, suficiente y de calidad. 83 colonias no tienen agua nunca; por ejemplo, en la segunda ampliación de Playas del Sur falta red de agua y drenaje, sólo cuentan con dos hidrantes públicos para tres calles; en San Miguel La Venta (atrás de Los Héroes) y en la colonia San Miguel Guadalupe falta red de agua y drenaje en algunas calles. 454 colonias reciben agua en promedio tres horas a la semana. Hay lugares en los que el abasto es sólo cada 40 días.

“En el aspecto de saneamiento, Agua de Puebla incumple con la declaratoria de clasificación del río Atoyac y con los parámetros de la NOM 001 de Semarnat. Se ha documentado en distintos medios que las plantas de tratamiento no trabajan a toda su capacidad, ni todos los días del año, pero, aunque lo hicieran, el procedimiento es primario, sólo para retirar material suspendido y no metales pesados ni materia soluble.

“La situación financiera del servicio de agua potable y alcantarillado se agravó. En principio, es necesario auditar la estructura del endeudamiento que SOAPAP reporta para el momento de la concesión en 2014, porque los datos representan grave inconsistencias. Adicionalmente, al iniciar operaciones, Agua de Puebla solicitó un crédito de 1,486 millones de pesos al Banco Monex, propiedad del Grupo Hank Rohn –uno de los dueños de la empresa Concesiones Integrales. El crédito estaba destinado a pagar la contraprestación de la concesión, no a la operación del servicio. La financiación apenas se empezará a liquidar este 2019; y acumuló intereses por 489 mdp, monto que se ha pagado con la recaudación a los usuarios.

“La promesa de inversión con la que se le entregó la concesión a Agua de Puebla no se ha cumplido. Según datos del propio SOAPAP, desde que la entidad privada tiene la concesión del servicio, cayó la inversión de infraestructura a menos de la mitad. La empresa particular debió poner medidores, que no ha puesto; debió controlar fugas, que no controla. Debió conservar la infraestructura que existía, y no lo ha hecho.

“Los municipios bajo el régimen de concesión privada del servicio de agua están entre los que pagan las cuatro tarifas de agua más caras del país (los otros son Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato)”.

“Se esperaba, como beneficio para proceder a la concesión, que las tarifas bajarían; por el contrario, en algunos casos han alcanzado un incremento de hasta 500 por ciento. Son los ejemplos más escandalosos que los usuarios han llevado a demandas judiciales para defenderse de la usura.

“SOAPAP no cumple su función con respecto a regular la operación de Agua de Puebla. Antes bien, las entidades se muestran en contubernio mutuo para dar cabida a prácticas corruptas. Por ejemplo: los análisis de factibilidad de agua que se les solicita a los desarrolladores de vivienda, en los que empresa interviene a nombre de SOAPAP, terminan en cobros arbitrarios y abusivos; pero lo peor es que ni siquiera se asegura si habrá efectivamente agua disponible suficiente para los nuevos centros habitacionales. Las factibilidades se resuelven, entonces, en pagos solicitados de manera corrupta para otorgarlas.

“En adición, la concesionaria practica una persecución contra usuarios establecidos de casas habitación, entre otros aspectos, por un concepto de factibilidad que la empresa pretende cobrarles en montos estratosféricos, desconociendo deliberadamente que se trata de usuarios de SOAPAP de 20 años atrás o más. En general, desde la entrada en operación de Agua de Puebla se multiplicaron los cobros excesivos y tarifas de usura a los usuarios; muchos de ellos han debido ampararse ante cortes del servicio y facturaciones de miles de pesos que no corresponden a la calidad y cantidad de este.

“Respecto a cómo se deciden las tarifas para los usuarios, SOAPAP y Aguas de Puebla violan el debido proceso legal: la concesionaria decide de manera discrecional montos e incrementos, sin que se atienda la obligación de que el Congreso del estado conozca, regule y autorice las tarifas pretendidas.

“Desde su posición de poder y tráfico de información, se observa que Agua de Puebla ha aprovechado para adquirir inmuebles valiosos de la zona patrimonial. Si la empresa está ocupándose en aumentar su patrimonio particular en vez de invertir en lo que se obligó bajo contrato, estas acciones ameritan una inspección detallada.

“Agua de Puebla eroga pagos a supervisores, por conceptos de asesoría, que entre 2014 y 2018 alcanzaron montos por 613 mdp.

“Las obras del Centro Histórico

“Las recientes pretendidas obras de renovación de la red de agua potable y alcantarillado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla se proyectan en infraestructura existente y funcional; son trabajos para los que la empresa no ha presentado, que se sepa, justificación técnica alguna. En cuatro meses, Agua de Puebla ha duplicado el costo inicial anunciado de esos arreglos: de 162 mdp, a 257 mdp, y últimamente avisó al Ayuntamiento que gastará 270 millones, sólo para empezar.

“La delegación estatal del Instituto Nacional del Antropología e Historia ha dicho que la intervención en el polígono monumental protegido es violatoria de la regulación del área. Las obras, por lo tanto, parecen tener el único objetivo de justificar precipitadamente un cumplimiento del gasto en inversión pendiente. De esta manera, la empresa procura retener la concesión. Es lamentable que el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, se preste a este manejo, sobre todo tomando en cuenta el rezago y la desigualdad que aún prevalece en la cobertura del servicio en colonias populares de la periferia de la zona metropolitana, y los pendientes en materia de saneamiento del agua.

“Propuestas

“Suspensión de la realización de las obras con las que Agua de Puebla quiere alcanzar el monto de inversión comprometido.

“Auditoría integral e independiente, que abarque desde el proceso de adjudicación a Concesiones Integrales SA de CV, hasta los procesos actuales financieros, de servicio y de abasto. La auditoría debe hacerse con la intervención de la Secretaría Federal de la Función Púbica y la Auditoría Superior de la Federación, y con la concurrencia de la Comisión Nacional del Agua, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Contraloría del Estado, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

La Jornada de Oriente

Foto: Aechivoe

cdch