Solo 20% de delitos de alto impacto reciben sentencia en la CDMX

El 82.3 por ciento de las 83 mil 956 carpetas de investigación judicializadas por delitos de alto impacto de 2016 a 2018 en la Procuraduría General de Justicia se quedaron sin una sentencia.

69 mil 64 carpetas de investigación que fueron judicializadas no llegaron a una sentencia entre 2016 y 2018

Ello representa que únicamente por 14 mil 902 expedientes se recibió una condena emitida por jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es decir, sólo 17.7 por ciento de los casos judicializados recibieron una sentencia.

Ana Aguilar García, investigadora del Instituto Justicia Procesal Penal señaló que ello se debe, en buena medida, a que la PGJ no tiene capacidad de investigación.

Hay que poner el foco de la discusión en la Procuraduría General de Justicia: si tenemos cerca de 70 mil (casos) que no está resolviendo, tiene muchas preguntas, pero la más obvia es ¿tiene capacidad? Esa capacidad e investigación impacta a los tribunales”, dijo la investigadora.

Una cosa que sí hay que asumir del sistema de justicia y de procuración de justicia en específico es que los recursos siempre van a ser limitados, no hay procuraduría en el mundo que te resuelva todos los casos, pero tienen que tener estrategias para manejar esa carga de trabajo y poder darle una solución satisfactoria a las víctimas”.

En 2018, de acuerdo al Ranking de procuradurías y fiscalías estatales, Impunidad Cero ubicó en séptimo lugar a la Procuraduría capitalina, con un 49.63 por ciento de productividad.

En el segundo reporte presentado por esa organización, Guillermo Zepeda Lecuona analizó el rendimiento de las procuradurías y fiscalías de las entidades del país, considerando indicadores de estructura, de operación y de resultado.

Zepeda Lecuona refirió que los “recursos financieros son una condición necesaria más no suficiente para una adecuada procuración de justicia”.

Los resultados obtenidos en ese reporte indican que es necesario esperar, en promedio, 135 minutos para ser atendido y poder denunciar un delito ante un Ministerio Público.

Foto:

cdch