Migrantes acusan a policías por robo y extorsión

Durante el 2018, elementos de las policías federal, estatal, municipal, el Ejército y la Marina cometieron al menos 865 delitos contra personas migrantes, denunció esta mañana la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).

El colectivo, conformado por 23 asociaciones defensoras de migrantes en 13 estados de la República, registró 542 robos cometidos por las autoridades contra personas en condición de movilidad.

Asimismo, registró 131 casos de abuso de autoridad;83 extorsiones; 46 lesiones; 26 intimidaciones; ocho privaciones ilegales de la libertad; seis actos de cohecho; cinco casos de tortura y discriminación; un feminicidio; un abuso sexual; una desaparición forzada, entre otros ilícitos.

Según el conteo de la REDODEM, la Policía Federal fue la dependencia que más delitos cometió contra los migrantes con 297 incidentes; le siguen las policías municipales con 266; las policías estatales con 179; personal del Instituto Nacional de Migración con 102; el Ejército con 18 y la Marina con 4.

Estos datos fueron presentados por la Red en el estudio "Procesos Migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas".

En el documento también se puede leer que, en total, en el 2018 las personas migrantes fueron víctimas de al menos 3 mil 777 ilícitos cometidos por autoridades y particulares.

Quienes más agresiones cometieron a nivel general fueron los grupos de uno o dos personas, pandillas locales, elementos de seguridad privada, la Policía Federal, policías municipales, delincuencia organizada y policías estatales.

Reclaman abusos de Guardia Nacional

Además de denunciar los delitos que el año pasado cometieron autoridades contra de personas en movilidad, integrantes de la REDODEM acusaron que en este 2019 la Guardia Nacional ha cometido excesos que vulneran los derechos humanos de los extranjeros.

"Hemos detectado excesos de la Guardia Nacional en este control y verificación y en algunos casos hemos documentado cómo se le rompen documentos (a los migrantes) que ya traían, por ejemplo, los entregados dados por ACNUR o COMAR, lo que los deja en mayor indefensión", señaló Dolores Palencia, integrante del albergue Decanal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz.

Añadió que "igualmente hay agresiones físicas y verbales, con actitudes de desprecio que ponen en situaciones de agresividad a las personas detenidas".

En tanto Arturo González, director de la Red Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados, criticó que la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador tiene un enfoque de seguridad pública y no de derechos humanos.

"Esta política responde al desprecio de las comunidades pobres, está centrada en la militarización y detención en lugar de la protección internacional", expresó.

Con información de El Universal

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