Las cuentas morenovallistas aprobadas no se reabrirán: ASE

El concepto de reapertura de cuentas públicas no existe en la ley, precisó el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado

Las cuentas morenovallistas aprobadas no se reabrirán: ASE

Puebla, Pue.- A diferencia de lo declarado en reiteradas ocasiones por diputados locales, este día, el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, precisó que las cuentas públicas aprobadas de exgobernadores de Puebla, como la del panista Rafael Moreno Valle no se reabrirán, porque incluso el concepto de reapertura de cuenta pública es inexisten en la ley.

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La dependencia a su cargo, solo llevará a cabo la revisión de asuntos específicos como compras con facturas apócrifas, denunciadas por trabajadores de las administraciones estatales anteriores a la llamada Cuarta Transformación.

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Interrogado sobre el avance que tiene la ASE en la revisión y reapertura de las cuentas públicas del morenogalismo como han exigido los diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Romero Serrano reveló que tiene un centenar de denuncias relacionas con facturas apócrifas, utilizadas para justificar el uso de dinero pública.

“Técnicamente no existe un proceso de reapertura, eso es importante que quede claro. El concepto de reapertura de cuentas públicas como tal, no se encuentra contemplado en la ley, pero si establece la ley que bajo efectos casuísticos, algunos aspectos de las cuentas públicas aún ya aprobadas se pueden volver a revisar. Y sí, efectivamente, sí se van a llevar a cabo algunas revisiones, sobre aspectos aislados, sobre denuncias que hemos estado recibiendo en la Auditoría Superior, sobretodo de los propios trabajadores de algunas unidades de gobierno anteriores, que han denunciado algunos hechos de corrupción, los cuales serán investigados en forma específica, no en una reapertura total”.

Agregó que la revisión pudiera derivar en sanciones a exfuncionarios, debido a que el periodo de prescripción de responsabilidad es de cinco años, contados a partir de que se cometió por última vez la conducta dolosa.

Ilustración archivoe

clh

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