Presenta Barbosa 12 denuncias por anomalías en el manejo de mil 259 mdp

Puebla, Pue.- El gobierno del estado presentó 12 denuncias contra ex funcionarios estatales por presuntas operaciones ilícitas por un monto de 1 mil 259 millones 392 mil pesos, según reveló en el Segundo Informe de Actividades del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En el documento que fue entregado este día al Congreso local, se expone que con el objetivo de combatir la impunidad, se impulsó la prevención y detección de conductas que pudieran constituir delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que las querellas se presentaron en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, como resultado de la investigación a 166 personas físicas y morales, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos.

Durante el mediodía de este martes, los secretarios de Finanzas, Gobernación y Educación, María Teresa Castro Corro, David Méndez Márquez y Melitón Lozano, respectivamente entregaron el Segundo Informe de Actividades del gobernador Miguel Barbosa Huerta, debido a que no existían condiciones para que asistiera el mandatario estatal por la toma de la sede del Poder Legislativo por un grupo de feministas.

El documento plantea que Puebla se acabó el modelo de negocios al servicio de personas y empresas, en el que gobiernos anteriores habían convertido la administración pública, no se ha tolerado ningún acto de corrupción, se ha saneado el servicio público, la cual es austera y transparente y no hay más burocracia dorada, derroches ni dispendios.

Reitera corruptela en RUTA y CAPCEE

En el Segundo Informe de Actividades, de igual forma evidencia los presuntos actos de corrupción en los que incurrieron los ex funcionarios, así como las empresas encargadas del sistema de recaudo la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), por el fraude de 40 millones de pesos mensuales, los cuales no reportaba al estado.

Esto tuvo como consecuencia que, el Gobierno de Puebla tuviera que erogar recursos significativos para la operación, volviéndolo un sistema de transporte incosteable; por lo tanto, se llevaron a cabo los procesos de intervención de las Líneas 1, 2 y 3, dando pauta al inicio del proceso de transición hacia un nuevo sistema de recaudo, eficaz y transparente.

Asimismo, refiere que se encontraron irregularidades en contratos de 27 obras de los espacios educativos realizados a través del Comité Administrador Poblano para la Creación de Espacios Educativos (CAPCEE), donde se han detectado anomalías por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos, mismas que afectaron a 928 instituciones educativas y que fueron consideradas por el mismo mandatario estatal como obras inexistentes.

En materia del combate a la corrupción, el documento refiere que se se presentaron 26 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de ex-alumnos, entre ellos ex funcionarios morenovallistas por su presunta participación del hecho que la ley señala como “uso de documento falso”, para la expedición de títulos profesionales a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP).

Dichas denuncias se remitieron a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla.

Aunque en el informe no detalla los nombres de los funcionarios que incurrieron en la falsificación de documentos, en declaraciones el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ha revelado que en esta lista de 26 funcionarios morenovallistas denunciados están: Jesús Giles Carmona, Roberto Ruíz Esparza y Francisco Rodríguez Álvarez, entre otros.

Van por patrimonio sustraído

La administración estatal morenista, identificó y recuperó el patrimonio sustraído en pasadas gestiones estatales; durante la investigación, se detectaron métodos de operación recurrentes de grupos políticos e inmobiliarios que ostentan todavía en algunos casos y de forma indebida, gran parte del patrimonio de las y los poblanos.

Estas medidas de protección a la heredad poblana han arrojado resultados con un valor inmobiliario establecido en 919 millones 880 mil 837 pesos, vislumbrando con certeza la recuperación total del patrimonio poblano, para el término de la administración estatal, aplicando los controles suficientes para evitar la desaparición del mismo en un futuro y habiendo entregado ante el imperio de la ley, a todo actor involucrado en las mencionadas operaciones simuladas.

aj