La expolicía que demandó a Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho Ribeiro enfrenta una nueva demanda por daño moral, presentada por un despacho de abogados contratado por el exgobernador de Puebla, Mario Marín, para defender a elementos de la otrora Procuraduría de Justicia de aquel estado, denunciados por la tortura infringida a la autora de “Los Demonios del Edén”, cargo que se imputa al propio exmandatario como autor intelectual.

La demandante es Verónica Chávez, una de las dos agentes ministeriales que recibieron en una caseta de Puebla a Cacho Ribeiro, el 17 de diciembre de 2005, luego de ser detenida un día antes en Cancún, por un par de policías ministeriales de aquella entidad y uno de Quintana Roo.

La demanda en contra de la periodista corre por la vía civil y fue presentada la semana pasada en Puebla. Chávez Cruz reclama que la periodista le provocó un daño moral, psicológico y económico, al implicarla en el caso de tortura, informó el abogado José Luis Ramírez.

Entrevistado en Cancún, el fundador del despacho “Téllez y Asociados”, dijo haber sido contratado por Marín Torres para llevar la defensa de Alejandro Rocha Laureano, comandante de la entonces Policía Judicial de Puebla -hoy Policía Ministerial- y de dos agentes a su cargo, Verónica Chávez Cruz y María Irene Arteaga Rangel.

“A mí me contrató el señor Marín, pero para defender a los ministeriales. A mí me pagó los viáticos, pagó todo el señor Mario Marín para que yo defendiera a todos los ministeriales. En total son, la comandante Verónica; la Jefa de Grupo, Irene y Rocha (…)“, expresó.

A Rocha Laureano se le acusa de haber acudido durante la madrugada del 17 de diciembre de 2005, al domicilio de las policías Verónica e Irene, para llevarlas hasta la caseta de La Esperanza, a la entrada de Puebla, para esperar a los agentes José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes un día antes detuvieron a Lydia Cacho Ribeiro en Cancún y la trasladaban vía terrestre hacia la entidad gobernada por Mario Marín.

De acuerdo con la acusación de tortura que enfrentan todos ellos, la intención era que las dos agentes subieran al vehículo para “simular” que habían acompañado a la periodista durante todo el trayecto hasta Puebla.

Dicha versión fue refutada por el abogado Ramírez Téllez, quien argumenta que, al tener conocimiento del traslado y llegada de la también defensora de los derechos humanos, “las damas”, fueron a la caseta a recibirla, en labores de “auxilio”, para presentarla a la Procuraduría.

Conforme a la acusación, Rocha, Chávez y Arteaga actuaron en acato a una probable orden dada por el entonces director de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, actualmente prófugo, al igual que el empresario, Kamel Nacif Borge, sobre quienes pesa una orden de aprehensión ratificada por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, por el delito de tortura.

En el caso, se señala que hubo una probable cadena de mando que configura el delito de tortura, desde la autoría intelectual -que inicia con Marín y Nacif- hasta la material, en la que participaron las y los implicados, en agravio de Cacho Ribeiro.

Rocha Laureano fue detenido en Puebla, en diciembre del 2018, por la todavía Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- acusado por tortura en agravio de Cacho Ribeiro. Al día siguiente de su aprehensión, las policías Chávez y Arteaga se ampararon para evitar ser detenidas por ese mismo delito.

Ambas, originalmente, perdieron la demanda. Irene fue aprehendida, pero Verónica huyó. El abogado promovió la revisión del caso y, el 27 de febrero de 2020, el Tercer Tribunal Colegiado de Puebla, otorgó el amparo a Chávez Cruz (257/ 2019), lo que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Arteaga Rangel estuvo detenida de 2018 a 2019 y “fue absuelta”, a decir de Ramírez Téllez.

El abogado afirmó que el ex gobernador Mario Marín puede invocar las resoluciones de ambos amparos federales, “que absuelven” a las ex agentes judiciales, incluso habiendo tenido contacto con Cacho Ribeiro.

En su opinión, como Marín Torres y Karam Beltrán ni siquiera tuvieron contacto físico con la periodista, tienen mayor probabilidad de que no se acredite el delito de tortura.

Adelantó que, en el caso de Alejandro Rocha Laureano, preso en Cancún desde hace dos años, se solicitará su libertad bajo fianza, porque en 2005 -cuando se desarrollaron los hechos- el delito de tortura no era considerado grave en Quintana Roo. El litigante dijo que incluso Mario Marín podía haber solicitado salir bajo caución.

La abogada Aracely Andrade, quien lleva la defensa de Lydia Cacho, desestimó las declaraciones hechas por Ramírez Téllez e indicó que, de asistirle la razón, el ex gobernador hubiese hecho valer que el delito no es grave y hubiese solicitado pagar la fianza, pero en cambio pidió la ampliación del término constitucional.

También aclaró que las dos policías no han sido exoneradas y su situación legal actual es producto de los amparos que obtuvieron y que están siendo combatidos, al no estar firmes.

Con relación a la nueva demanda en contra de Cacho Ribeiro, respondió que no ha sido notificada.

Agregó que en el caso de José Montaño Quiroz, cumplió su sentencia de seis años de cárcel, por el delito de tortura, que alcanza como pena máxima 12 años de prisión.

Jesús Pérez Vargas, el otro policía poblano que detuvo a Cacho, está prófugo desde 2014, que fue girada la orden de aprehensión en su contra. Mientras que el ex comandante de Puebla, Juan Sánchez, fue sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel, pero apeló.

Información El Universal

Fotografía archivom

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