En Washington se decidirá el futuro de varios sistemas pensionarios nacionales

Unos 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas pensionarios obligatorios entre 1981 y 2014.

14 en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Otros 14 en Europa y la exUnión Soviética: Armenia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Rumania y Rusia.

Y dos en África: Ghana y Nigeria.

En 2018, 18 de los 30 habían revertido las privatizaciones: Argentina, Bolivia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Macedonia, Nicaragua, Polonia, Rumanía, Rusia y Venezuela.

De acuerdo con el reporte “Revirtiendo las privatizaciones de las pensiones - Reconstrucción de los sistemas públicos de pensiones en Europa del Este y América Latina”, realizado en 2018 por la Organización Internacional del Trabajo, “un objetivo principal del experimento de la privatización de las pensiones fue movilizar los ahorros de las personas para estimular los ahorros a largo plazo y desarrollar los mercados de capital”.

Sin embargo, señala el reporte, “la privatización no arrojó los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los beneficios de las pensiones se deterioraron y las desigualdades de género se agravaron… El riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a las personas. Los costos administrativos aumentaron reduciendo los beneficios de las pensiones. Los altos costos de la transición, a menudo subestimados, crearon grandes presiones fiscales… se suponía que la administración del sector privado mejoraría la gobernanza, en cambio la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. Las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de administrar los fondos de pensiones, creando un serio conflicto de intereses… la industria de los seguros privados avanzó hacia la concentración… en la mayoría de los países en desarrollo las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capital y el crecimiento”.

Esas son algunas de las razones que argumentaron los 18 que revirtieron sus privatizaciones.

Sin embargo, “por la pérdida de potenciales beneficios como resultado de la reversión de la privatización de los programas de pensiones”, dos grandes corporaciones financieras —Metlife Insurance y NN Insurance International— demandaron a Argentina, y otra —BBVA Bank— demandó a Bolivia. Las disputas se dirimen en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington.

El asunto ha provocado que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y más de 100 expertos en desarrollo firmaran hace unos días un comunicado en el que advierten que, si los dos países pierden las disputas, serán los empobrecidos y jubilados mayores de edad quienes tendrán que pagarles a estas corporaciones financieras.

De lo que ocurra en el CIADI dependerá lo que otros países —entre ellos México— decidan hacer con sus deficientes sistemas privados de pensiones.

Columna de Eduardo J Ruiz-Healy en El Economista

clh