Ex tesorero de Núñez niega haber firmado contado con empresa fantasma en Texmelucan

San Martín Texmelucan, Pue.- Óscar Sánchez Sánchez, ex tesorero durante los primeros tres meses de la administración de Rafael Núñez Ramírez al frente de San Martín Texmelucan, negó haber firmado algún contrato con la empresa Comercializadora Glear, que fue señalada de haber simulado operaciones con la venta de uniformes.

El ex funcionarios refirió que será necesario que el área de Comunicación Social de la Auditoría Superior del Estado, revise quién fungió durante el resto de la administración como tesorero municipal, pues dijo que tras su salida, el denunció varios actos irregulares al interior de la administración.

En este sentido, el ex tesorero apuntó que las operaciones con la comercializadora Glear, se realizaron en el mes de junio del 2014, cuando el ya no estaba en la administración, además así obra en documentos.

Ante esto se dijo tranquilo pues durante su estancia en la presidencia no realizó ningún negocio ilícito.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la empresa Comercializadora Glear, catalogada como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), fue constituida en junio de 2012 por sus socios Celina Báez Garibay y Héctor Gonzales Báez, sin embargo, tres años más tarde, en mayo de 2015 fue dada de baja.

Cabe resaltar que la empresa Glear, hoy ya considerada como "fantasma", ingresó más de 33 millones de pesos, gracias a contratos signados con instancias gubernamentales como la secretaría de Salud del Estado de Oaxaca y los ayuntamientos de Puebla, Atlixco y San Martín Texmelucan.

Para el caso de Texmelucan, la empresa Comercializadora Glear obtuvo al menos un contrato millonario con el gobierno municipal de Rafael Núñez, motivo por el cual está denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General de Puebla.

Con datos del Ayuntamiento de Texmelucan en el año 2014, la administración de Rafael Núñez Ramírez entregó a esta empresa catalogada en su padrón de proveedores como ‘intermediarios de comercio al por mayor’, un contrato por cerca de 3 millones de pesos.

Foto: Cecilia Espinoza Galindo

cdch