Arranca la cacería de brujas a favor de la 4T

Otro misil ayer de la 4T, en el contexto de la campaña electoral, fue la detención de Teófilo Zaga Tawil. La Fiscalía General de la República le giró el año pasado orden de aprehensión a él y a su hermano Rafael.

Los acusan de defraudación fiscal y presunto lavado de dinero. Son los accionistas y fundadores de Telra Realty, en la que también participaba el desarrollador inmobiliario Moisés El-Man.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron un pago de 5 mil millones de pesos por indemnización de un contrato fallido con el Infonavit. Al entonces director, David Penchyna, le tocó resarcirlo.

El exsenador sostiene que lo hizo contra su voluntad y por órdenes del Consejo de Administración. Hasta ahora están detenidos en la prisión de máxima seguridad del Altiplano Alejandro Cerda y Omar Cedillo.

Se trata del exDirector Jurídico y exSecretario del Consejo del Infonavit, respectivamente. Ambos dicen que fueron obligados a firmar el 31 de mayo de 2017 la ruinosa indemnización del instituto.

Que lo hicieron a condición de que ese mismo Consejo, con el que también se cubrió Penchyna, “hiciera suyo el acuerdo” para evitar responsabilidades y demandas futuras, cosa que ya sucedió.

Penchyna sabía del riesgo de indemnizar, tan es así que no firmó y se blindó con el resto de los consejeros, entre ellos Gustavo de Hoyos y Carlos Aceves del Olmo, presidente de Coparmex y secretario de la CTM.

Penchyna pidió la opinión, por separado, de los abogados Luis Palomino y José Luis Nassar. El primero sobre el contrato y el segundo sobre la suplantación de tareas del Infonavit por parte de Telra.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional el expediente saltó de inmediato por lo escandaloso del desembolso. El nuevo director del Infonavit, Carlos Martínez, denunció el caso.

La 4T se fue contra los Zaga y contra los El-Man. Cuando a éste último la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Santiago Nieto, le congeló cuentas, de inmediato se dobló y buscó un acuerdo reparatorio.

Llegó a un trato con Alejandro Gertz para regresar 2 mil millones de pesos. En una mañanera de febrero de 2020 el fiscal se apareció con un chequesote a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Pero curiosamente esos 2 mil millones de pesos que después el propio López Obrador adelantó que se utilizarían para la compra de medicinas, se quedó atrapado en la tubería de la burocracia.

Los otros 3 mil millones de pesos tuvieron que haberlos pagado los Zaga, pero a diferencia de los El-Man, optaron por desafiar al Estado. Les fincaron delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hoy al medio día es la primera audiencia. Teófilo es defendido por los penalistas Andrea Rovira y José Merino del equipo de abogados que comanda el aguerrido litigante Eduardo Amerena.

El tema tiene su arista político-electoral. Y es que los exfuncionarios del Infonavit detenidos en el Altiplano, y no se duda que también el propio Zaga Tawil, sean presionados para declarar en contra de Penchyna.

Penchyna es un trofeo que acaricia la 4T. Fue presidente de la Comisión de Energía del Senado que operó la Reforma Energética de Peña y figura entre los denunciados de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.

Su nombre, al igual que el de Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Salvador Vega, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y Jorge Luis Lavalle, trata de ser vinculado a proceso en el caso que se le sigue a éste último.

Toda maniobra judicial de López Obrador y el supuesto fiscal independiente llevan al mismo destino: sacar raja político electoral a favor del Presidente en las próximas elecciones del 6 de junio.

El que aparentemente se siente seguro es Alejandro Murat, que como director también del Infonavit dio el contrato a Telra. Habría que preguntarle bajo qué condiciones dio ese jugoso negocio.

A ver si le alcanzan los afectos del propio López Obrador y, sobre todo, la protección política de su padre, el impresentable José Murat.

AMLO y Gertz Manero (Especial)

EL SEGUNDO MÍSIL se estuvo viendo caer a lo largo de toda la semana y detonó también ayer, pero a las 5:30 de la tarde: el gobernador de Tamaulipas, el mismo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue desaforado por la Cámara de Diputados, dominada por los morenistas, para vincularlo a proceso por el delito de defraudación fiscal. Erigidos como Jurado de Procedencia, los legisladores por mayoría lo separaron de su cargo, pavimentando los de la 4T con ello la ruta hacia las elecciones presidenciales del 2024. Ahora es claro que si el fiscal Alejandro Gertz Manero solicita la orden de aprehensión estaría violando el pacto federal, ya que si los ciudadanos de cada entidad votan y eligen a su gobernador, por ende los únicos que pueden quitarlo son los propios representantes de los ciudadanos vía los congresos estatales. Por eso ayer mismo el Congreso de Tamaulipas ya determinó dejar a García Cabeza de Vaca en el cargo. ¿Se imagina si un Juez de Control libra la orden de aprehensión? Habrá una confrontación entre agentes federales que quieran detenerlo y agentes y policías locales que lo impidan. El presidente Andrés Manuel López Obrador está ante la misma disyuntiva que cuando quiso detener el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Para evitar una confrontación y derramamiento de sangre se desistió. ¿Se repetirá la historia?

Cabeza de Vaca y Ovidio Guzmán (Especial)

OOOORALE CON LA deferencia de la mañanera de ayer de Andrés Manuel López Obrador hacia Alberto Baillères, el patriarca del Grupo BAL, del que descuelgan Palacio de Hierro, Profuturo, Grupo Nacional Provincial, Peñoles y Fresnillo. Al presidente ya se le olvidó aquella denuncia que hizo hace exactamente tres años. Un 1 de mayo de 2018 en un mitin en Zongolica, Veracruz, el entonces candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” reveló que un grupo de empresarios, en los que figuraban Alberto Baillères, Claudio X. González, Germán Larrea, Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez, además del panista Diego Fernández de Cevallos, presionaban al candidato priísta, José Antonio Meade, para que declinara en favor del blanquiazul Ricardo Anaya. Quien prestó la casa para “complotar” contra López Obrador fue, precisamente, Baillères, quien dicho sea de paso es el dueño y fundador del ITAM, el semillero de los tecnócratas que impusieron el neoliberalismo en México que tanto detesta el ahora Presidente que ayer elogió a Baillères. Vueltas que da la vida.

Alberto Baillères (Cuartoscuro)

EL JUEVES POR la tarde Félix Salgado Macedonio llevó toda su cargada a las oficinas de Mario Delgado en la CDMX. Llegó a la cita en una comitiva con tres camionetas. Fue convocado para discutir y definir el nombre de su sustituto como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Delgado le deslizó los nombres de Beatriz Mojica y Luis Walton. Pero el “Toro” montó en cólera e impuso el de su hija, Evelyn. Salgado Macedonio llegó estoqueado de muerte, pero empoderado por Andrés Manuel López Obrador para doblar al dirigente nacional de su partido. Y es que el Presidente le dio carta abierta para manejarse a sus anchas en el proceso electoral porque fue objeto de una campaña sucia, en la que Eréndira Sandoval, hermana de Pablo Amílcar, el precandidato perdedor en Guerrero, fue pieza clave. La todavía secretaria de la Función Pública tiene sus días contados. Estará en el gabinete muy probablemente hasta pasadas las elecciones del 6 de junio. López Obrador ya no le toma ni las llamadas.

Félix Salgado Macedonio (Cuartoscuro)

OTRO CONFLICTO EN las filas de la 4T es el que desde hace una semana se observó públicamente. Hay que remontarse a la presentación en Palacio Nacional, el viernes 23 de abril, de la nueva Ley de Outsourcing. A la salida del evento Raquel Buenrostro y Tatania Clouthier se hicieron de palabras. La secretaria de Economía le reclamó a la presidenta del SAT por qué congeló las cuentas de Exportadora de Sal S.A. (ESSA). El movimiento frustró los dizque planes que Clouthier implementaba para rescatar esa paraestatal, hoy emproblemada por todos lados y en la ruina total. ESSA le debe al SAT alrededor de 494 millones de pesos y le embargaron las cuentas de BBVA y Monex.

Raquel Buenrostro y Tatiana Clouthier (Especial / Cuartoscuro)

Columna de Darío Celis/ El Financiero

clh