Tumban al presidente de la CIRT

La CIRT tendrá que convocar a una asamblea para nombrar a un nuevo presidente. Entre los favoritos para suceder a José Luis Rodríguez Aguirre están Edilberto Huesca y Antonio Ibarra Fariña

Tumban al presidente de la CIRT

Luego de una desastrosa gestión al frente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), autoridades federales cesaron a José Luis Rodríguez Aguirre, dueño de Respuesta Radiofónica en Querétaro.

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El oficio 110.11218.21 de la Dirección de Cámaras Empresariales de la Secretaría de Economía, emitido la semana pasada, tumbó al sobrino de Francisco “Pancho” Aguirre Gómez, el radiodifusor que con sus plataformas Radio Centro y La Octava se ha convertido en el principal vocero de la 4T.

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Resulta que el ya expresidente violó el plazo máximo de gestión para el que fue electo, por lo que fue cesado por la dependencia al mando de Tatiana Clouthier. La intervención del gobierno en el ámbito empresarial, si bien es para hacer cumplir la Ley de Cámaras Empresariales, tiene que ver con abusos que el exdirigente cometió.

Estos se circunscriben en que usó el cargo y recursos de la CIRT para avanzar una agenda enfocada en la renovación de concesiones de varios familiares de él, todos vinculados a la familia Aguirre, quienes no hicieron pagos y trámites oportunos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de que ni afiliados a la CIRT son.

Ante ello trató también de la mano con el diputado federal de Morena por Quintana Roo, enlace de la 4T y del Tren Maya con empresarios turísticos de esa entidad y también radiodifusor, Luis Alegre, de sacar una ley para avanzar el interés de unos cuantos concesionarios.

Luego de que su proyecto fue desechado y dado los malos tratos que recibieron varios legisladores y radiodifusores, Economía investigó su gestión y resultó que estaba excedido en el cargo, con lo que su mandato y uso de recursos de la CIRT han sido nulificados.

Es inusual que Economía se meta al interior de las cámaras empresariales, pero su gestión fue una de tantos errores que lo dejó aislado: no aprovechó la pandemia para posicionar a la CIRT con el Gobierno y las audiencias; y el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, abrió expedientes por incumplimientos en transmisión de spots electorales a un sinnúmero de estaciones.

Además el gremio de las sociedades de gestión colectiva lo brincaron y trataron de imponer cobros elevados en la Ley de Derechos de Autor; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de Adolfo Cuevas, le dejó de tomar las llamadas, pues sólo quería sacar la agenda de los refrendos ilegales.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, le revivieron los criterios censores contra los noticieros y la gota que derramó el vaso fue su actuar y el del diputado Alegre, arriba mencionado, en la Cámara de Diputados.

Ahora la CIRT tendrá que convocar a una asamblea para nombrar a un nuevo presidente que lidere los esfuerzos de toda la radiodifusión frente a cambios que se avecinan en materia electoral y de telecomunicaciones que pudieran trastocar la industria.

Entre los favoritos para suceder al cesado presidente José Luis Rodríguez Aguirre están Edilberto Huesca, de NRM Comunicaciones, y Antonio Ibarra Fariña, de Grupo Acir.

LA PRÓXIMA SEMANA podría empezar a decantarse la carrera electoral por la gubernatura de Nuevo León. Si la 4T se anima a destronar a Adrián de la Garza y a Samuel García, tanto el PRI como Movimiento Ciudadano ya tienen a sus respectivos planes B. Ildefonso Guajardo saldría al relevo del primero, lo que goza de todo el respaldo y simpatía del Grupo de los 10, que lideran José Antonio Fernández, “el Diablo” Carbajal y Armando Garza Sada, los capitanes de FEMSA y Alfa. Vamos, tan sólido está el exsecretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que Morena lo quiso engatusar ofreciéndole una diputación plurinominal. En la otra esquina, Dante Delgado ya tiene todo dispuesto para lanzar a Luis Donaldo Colosio Riojas. Ese sería el escenario de una contienda que se complementaría con Clara Luz Flores por Morena y Fernando Larrazabal por el PAN.

Yasmín Esquivel, Javier Laynez , Alberto Pérez-Dayán, Margarita Ríos-Farjat y Alfredo Gutiérrez-Ortiz Mena

EL PRESIDENTE DE la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la pensó bien. Al final optó por no tirar al basurero de la historia su prestigio. El jurista declinará aceptar el regalo bondadoso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le dio con la Reforma a la Ley del Poder Judicial, que ampliaba dos años más su gestión al frente de la máxima instancia de procuración de justicia. El repliegue de Zaldívar ya puso a trabajar horas extras al primer círculo de Gobierno de la 4T. Y es que abre la baraja más allá de los ministros Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez-Ortiz Mena y Alberto Pérez-Dayán, quienes se sabe de antemano quieren relevar a Zaldívar el próximo año. Incluya ahora en esta carrera a Margarita Ríos-Farjat y a Javier Laynez. Vaya haciendo sus quinielas.

Napoleón Gómez Urrutia y Tereso Medina.

LA MANO DE Napito asoma en el conflicto de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. La mira de Napoleón Gómez Urrutia está en la industria automotriz. Su Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana pelea ya titularidades de Contratos Colectivos de Trabajo. Tereso Medina es un viejo adversario del hijo del legendario “Napo”. El último escarceo fue hace exactamente dos años, el 15 de mayo de 2019, cuando Napito quiso arrebatarle a Medina el contrato de la empresa de autopartes PKC. Ahora Tereso está a un tris de perder su cacicazgo de 20 años en Silao y Gómez Urrutia se frota las manos con todo el apoyo de la 4T. Hoy es General Motors, pero mañana Ford, Nissan y Volkswagen. Cuidado.

EN PEMEX ESTÁN a las vivas de que no se les cuele en uno de sus proyectos estratégicos William Karam. Se trata del desarrollo de un ducto para transportar gasolina y diésel desde Tuxpan. Los pupilos de Octavio Romero no han determinado aún si lo tienden a un punto de Querétaro o del Estado de México. Lo que sí tienen claro es que sustituirá eventualmente al que llega a Tula, hoy pinchado por todos lados por los grupos huachicoleros. Varios gasolineros ya se apuntaron. Pero por esas extrañas cosas de la vida el dueño de Hidrosina llevaría mano. No deja de ser paradójico que un plan para combatir al huachicol termine en manos de un empresario que la misma 4T señaló de practicar el… huachicol.

Planta de cemento de Cruz Azul en Hidalgo. (Facebook)

HABLANDO DE HUACHICOL, algo parecido sucede con el cemento de la planta de Hidalgo de Cruz Azul. No la han podido recuperar Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, jerarcas de la atribulada cooperativa y que consiguieron las órdenes de aprehensión contra Guillermo “Billy” Álvarez, su cuñado Víctor Garcés y el abogado Ángel Junquera. La fábrica de Tula de Allende sigue tomada por el grupo de Federico Saravia, quien se autodenomina presidente “electo” del Consejo de Administración de la cooperativa. Sobre él pesan denuncias de robo de cemento que vende a través de una empresa facturera, Lasoid. El gobernador del estado, Omar Fayad, se ha hecho de la vista gorda a pesar de los recursos legales para liberar la planta. Dicen que le pasan un moche mensual.

(Bloomberg)

JUSTO HACE UNA semana le informamos que Grupo Chedraui era una empresa que puso la mirada en el extranjero. Entre que la recuperación económica aquí va para largo y entre que el ambiente político y la seguridad jurídica no está clara, el consorcio que capitanea José Antonio Chedraui Eguia decidió apostar afuera la friolera de 620 millones de dólares en la compra de la cadena de clubes de precio Smart & Final. Son 250 tiendas ubicadas en los estados de California, Arizona y Nevada. El anuncio se realizó apenas el jueves por la tarde.

LA SUPREMA CORTE de Justicia resolvió que no existe materia para una controversia constitucional en el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vaya revés para el Gobierno de la 4T y para el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. El desafuero corresponde definitivamente al Congreso de Tamaulipas. Lo interesante es que quien determinó improcedente la demanda fue un ministro promovido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos a Juan Luis González Alcántara.

Columna de Darío Salas/La Cuarta Transfomación en El Financiero

clh

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