La reacción del gobierno mexiquense revela incapacidad para enfrentar criminales y que prefiere la omisión a cumplir con su responsabilidad legal
La amenaza de muerte a Zudikey Rodríguez, candidata de la alianza opositora a la presidencia municipal de Valle de Bravo, debió haber motivado una reacción de Estado y un castigo ejemplar. Un secuestro ante decenas de personas y la exigencia cargada de impunidad para que se retirara de la contienda electoral, justificaba una embestida contra los criminales para enviar la señal de que ese tipo de acciones tiene consecuencias. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Las autoridades mexiquenses optaron por la vía de la cobardía, y aunque no haya sido su intención, de inopinada complicidad con actividades criminales.
Lee El presidente del fraudeZudikey fue levantada por sicarios de La Familia Michoacana la tarde del martes 18 –esta columna publicó erróneamente que fue el lunes 17– y la llevaron a Tejupilco, al sur del Estado de México, donde uno de los criminales le advirtió que si no dejaba la contienda, donde enfrenta a su prima Michelle Núñez, la candidata de Morena apoyada por el jefe de Aduanas con quien tiene una fuerte relación personal, Horacio Duarte, la matarían junto con su familia.
Núñez aventaja en las encuestas, pero la alianza esperaba dar un fuerte empujón para que la candidata del PRI consiguiera la alcaldía en Valle de Bravo, uno de los municipios que más creció durante la pandemia, debido a la inmigración que generó empleos, construcción y comercio, que fortalecía a su partido, que está en el poder. En Valle de Bravo, calculan analistas electorales, se necesitan sólo 12 mil votos para ganar la alcaldía.
Zudikey regresó a su casa el 18, y quedó bajo la supervisión de un vehículo que, se puede inferir, vigilaba que cumpliera la exigencia de no salir. Ese mismo día habló con varias personas que la apoyan en Valle de Bravo, quienes le ayudaron a comunicarse con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de gira en Mérida, quien le expresó su apoyo. En un operativo del cual hay diferentes versiones sobre quiénes lo ejecutaron, la extrajeron de su casa la noche del miércoles 19 y la trasladaron a la Ciudad de México, donde el jueves 20 por la tarde iba a dar una conferencia conjunta con Moreno en la sede del PRI nacional.
La oficina de prensa del PRI convocó a una la conferencia de prensa para hablar sobre la violencia a las candidatas en el Estado de México, mientras Moreno viajaba en avión de regreso a la Ciudad de México para participar en reunión con periodistas. Mientras eso sucedía, se apersonaron, la mañana del jueves, en la casa donde se había resguardado Zudikey el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, y la presidenta estatal del PRI, Alejandra del Moral, para decirles que por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, esa conferencia no podría realizarse.
Cuando el secuestro y la amenaza a Zudikey fue publicado el miércoles, el gobierno mexiquense trató inmediatamente de apagar el fuego para que no prendiera en la pradera. Publicó como boletín de prensa el reporte semanal que emite la Fiscalía General de Justicia mexiquense, y afirmaban sus voceros que no había ninguna denuncia de la candidata. Esa afirmación fue masivamente redistribuida a través de cuentas en las redes sociales asociadas con el gobierno y su camada de jóvenes propagandistas, argumentando que era falso lo publicado. Duarte sólo dijo que había sido difamado, también por medio de Twitter. Núñez, que es prima de Zudikey, envió una réplica a esta columna casi 72 horas después de haber sido publicada, negando vinculación con el crimen organizado. A ella y a Duarte se les responderá en los próximos días.
El mismo jueves se ofreció a este columnista hablar con Nemer, pero cuando lo consultaron se negó, y mandó decir que ya le estaban dando protección. Lo que realmente hacía era ocultar el crimen. Nemer le exigió a Zudikey que no hiciera ninguna declaración pública. El argumento que dio era que tenían amenazas de La Familia Michoacana de que si hablaba detonarían una bomba en una gasolinera de Valle de Bravo. El argumento no se sostiene. La supuesta amenaza la habría hecho el grupo criminal antes de que se convocara la conferencia de prensa.
Nemer alegaba que la razón de guardar silencio era para no provocar mayor violencia en la zona, cuando en realidad, denunciando el hecho y actuando con la ley en la mano, lo que tendría que haber pasado era exactamente lo contrario. Dos horas antes de la conferencia de prensa, Del Moral le dijo a Moreno que se cancelaba la conferencia de prensa, lo que para efectos prácticos significa que una inferior jerárquica le dio instrucciones a su superior jerárquico por instrucciones de Del Mazo, que es el gobernador más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien le tiene todo tipo de deferencias y se reúne frecuentemente con él.
Para tratar de controlar la crisis que venía, obligaron a Zudikey a grabar un ambiguo video que se difundió el jueves en Facebook donde dice estar bien. La candidata presentó una denuncia de hechos el viernes, pero no ha regresado a la campaña. El gobierno mexiquense la tiene políticamente secuestrada con una actitud de avestruz, por pensar lo menos grave, pensando que no escalará la violencia ni su descrédito. Todo lo contrario. La Familia Michoacana comprobará que tiene como rehén al gobierno mexiquense y como actor pasivo –que ha sido la estrategia sexenal–, al federal.
No se espera investigación sobre la acción de La Familia Michoacana, y por la forma como se comportó la autoridad estatal, la denuncia de Zudikey se archivará. La reacción del gobierno mexiquense revela incapacidad para enfrentar criminales y que prefiere la omisión a cumplir con su responsabilidad legal. Si toma esta ruta de acción dejará el camino libre a Morena en Valle de Bravo y a La Familia Michoacana. Si actúa contra los criminales, respaldará con la ley el proceso electoral en el sur del estado, en una rectificación loable.
Columna de Raymundo Riva Palacio
El Financiero
Foto: Especial
cdch
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