Abogado reclama decenas de millones por cada víctima de la L12

Tras el derrumbe en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que provocó la muerte de 26 personas y dejó decenas de lesionadas el pasado 3 de mayo, el camino hacia la verdad y la justicia inició hace una semana con la presentación del primer dictamen preliminar sobre las causas del colapso.

El diario El País señala que a siete semanas del siniestro, aún no se han imputado responsabilidades penales ni administrativas contra ninguno de los implicados.

En el centro de lo sucedido están los deudos, las víctimas que sobrevivieron y sus familiares. El abogado Cristopher Estupiñán, que representa a 18 personas afectadas, reclama en entrevista que las indemnizaciones ofrecidas son “una burla” y que ni el Gobierno ni las empresas que construyeron el tramo siniestrado han dado la cara. “Es hora de que los empresarios más ricos asuman su responsabilidad por primera vez en la historia del país”, afirma.

“Buscaremos un pago de decenas, si no cientos de millones de pesos por cada víctima de la Línea 12”, adelanta el abogado.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció cinco días después del incidente que los afectados recibirán 650.000 pesos (poco más de 30.000 dólares) como indemnización por el pago del seguro del Sistema de Transporte Colectivo, una cifra que originalmente era la mitad y que dista mucho de lo que reclama Estupiñán. “Es una burla para las familias, que no nos vengan a decir que 650.000 pesos es una reclamación integral”, dice el abogado, que acusa presiones contra las víctimas para que firmaran el convenio.

Uno de los documentos de indemnización, al que tuvo acceso El País, tiene cláusulas en las que el beneficiario firma de “entera satisfacción” con la reparación de los “daños materiales e inmateriales”, desiste de buscar otra compensación por la vía legal y hace un acuerdo de “confidencialidad”, que le impide revelar el contenido del contrato a terceros.

“Es una falta de respeto: lo que están diciendo es ‘si no firmas esto, no te entrego el cheque”, insiste Estupiñán sobre el documento, elaborado por el órgano que administra el metro y el Gobierno local. “Se están aprovechando de la vulnerabilidad de las víctimas para generar expedientes en los que el Sistema de Transporte Colectivo salga bien librado”, sostiene.

Estupiñán y el despacho estadounidense The Webster Law Firm ya preparan una demanda civil en EE UU contra las compañías implicadas, que se presentará tentativamente después de agosto, cuando está prevista la entrega del tercer y último peritaje técnico solicitado a la empresa noruega Det Norske Veritas.

Foto: archivo m

gse