Quiénes son realmente los Jenkins, filántropos o delincuentes

Puebla, Pue.- El pasado 4 de junio, un Juez de Control del Estado de Puebla emitió órdenes de aprehensión en contra de varios miembros de la familia Jenkins y sus abogados, sumándose a las que ya existían en contra ellos desde febrero de este año por lavado de dinero.

La familia Jenkins está prófuga de la justicia mexicana por haber cometido un presunto desfalco de más de 700 millones de dólares en contra de la sociedad poblana.

Para contar la historia de la familia Jenkins es necesario remontarnos a la biografía del señor William O. Jenkins, ciudadano americano que nació en 1878 en Tennessee, en una familia que no tenía recursos económicos, y murió en Puebla en 1963, como uno de los hombres más ricos de México.

William Jenkins se casó en 1901 con su compañera de universidad, Mary Street. Ese mismo año, la pareja visitó México y William consiguió un trabajo como mecánico, por lo que decidieron mudarse a nuestro país. En 1905 se mudaron a Puebla, donde más tarde iniciaría una empresa textilera que lo haría amasar gran parte de su fortuna, y donde crearía más tarde la fundación que hoy es tristemente célebre por ser víctima de los descendientes de su fundador.

Durante su vida, Jenkins fue un hombre de trabajo, se desempeñó como agricultor, industrial, empresario y filántropo, sin embargo, la industria que le dio notoriedad en nuestro país, fue la cinematográfica, comenzó con la adquisición de una sala de exhibición en la Ciudad de Puebla en 1939, hasta llegar a controlar el 80% de los cines del país, a través de la compañía Operadora de Teatros S.A., no obstante ello, la diversidad y relevancia del resto de sus negocios fue inconmensurable, sin dejar de mencionar su cercanía con las figuras políticas más relevantes de su época, particularmente del presidente Ávila Camacho.

En el año de 1954, una década después del fallecimiento de su esposa, Jenkins decidió crear una fundación en su memoria, destinada a realizar obras de caridad, con la finalidad, según sus propias palabras, “de hacer todo lo que tendrá como resultado el mejoramiento del nivel de vida, tanto moral como material, de los habitantes de este nuestro estado de Puebla.”

El señor Jenkins quería que la fundación quedara establecida a perpetuidad, por lo que determinó como regla en sus estatutos, que el capital de la institución no debía ser utilizado por ningún motivo y que los actos de beneficencia debían provenir únicamente de los intereses o productos generados por ese capital.

Inicialmente, se encomendó la administración de la fundación a 5 patronos, entre los cuales estaba el propio señor Jenkins, quien permaneció en su cargo como presidente del patronato hasta su muerte en 1963.

En su testamento, el señor Jenkins ordenó que todos sus bienes pasaran a propiedad de la fundación. De manera relevante y poco común, Jenkins estableció de manera tajante y clara que no dejaría nada a sus descendientes, pues en sus palabras, extraídas directamente de su testamento: “siempre ha tenido la firme convicción que en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesiten, teniendo la creencia el propio señor testador, que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo, y siguiendo este principio manifesta que no es su voluntad dejar a sus hijos riquezas ni fortunas sino más bien ayudarlos a trabajar para que puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es expresa su voluntad no dejar a sus hijos herencia alguna.”

Hasta este punto son claras dos cosas: primero, que el señor Jenkins quería que el patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins prevaleciera en el tiempo, segundo, que de ninguna manera quería que sus descendientes se vieran beneficiados en modo alguno por esas riquezas.

La historia del desfalco

Sin embargo, sus hijos y nietos, tan cercanos a una fortuna de miles de millones de pesos, no se iban a quedar de brazos cruzados. Se sintieron con el derecho de apropiarse del dinero de la fundación, por lo que contrataron a unos abogados de dudosa reputación -Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, hoy prófugos de la justicia- para ayudarles a generar un esquema que les permitiera “darle vuelta” a la ley, al testamento del señor Jenkins y a los propios estatutos de la fundación para hacerse dueños de los abundantísimos bienes y recursos que a su muerte dejó su padre y abuelo, respectivamente.

Guillermo Jenkins de Landa, uno de los nietos de William O. Jenkins, se opuso a estas estrategias, por lo que un primer paso para el desfalco ocurrió en junio de 2013, cuando los demás miembros de su familia y del patronato de la fundación, votaron para excluirlo de la administración de la institución.

Cinco meses después de que removieron a su único opositor, los Jenkins dieron inicio al plan que les propusieron sus abogados: primero, modificaron en noviembre de ese mismo año los estatutos de la fundación, y contra la voluntad de su fundador establecieron que sí se podía usar el capital de la fundación -y no sólo los intereses y productos de ese capital, como estaba originalmente previsto- para realizar donativos y obras de caridad.

La siguiente maniobra ilícita, consistió en la utilización de una segunda fundación, denominada Fundación Bienestar de Filantropía, creada por Manuel Mestre Martínez, quien a su vez era patrono de Mary Street Jenkins .

Así, el 30 de abril de 2014, la fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares, es decir, prácticamente todo su capital, a la Fundación Bienestar de Filantropía. Curiosamente, en ese contrato de donación, los representantes legales de la fundación Mary Street Jenkins fueron los abogados Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas y quien representó a la Fundación Bienestar de Filantropía fue nada menos que el otro socio del despacho de abogados, es decir, Carlos Román Hernández, por lo que se trató de una simulación evidente.

La ilegalidad de la donación fue reconocida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en resolución emitida en mayo de 2020, dentro del Juicio Contencioso 1505/18-12-01-4/1587/19-S2-09-04, en la que se determinó que Fundación Mary Street Jenkins no cumplió con el objeto social para el que fue creada y autorizada, en virtud de que, del análisis a los donativos otorgados y supuestas obras de beneficencia, se conoció que destinó la mayor parte de sus recursos fue para beneficios para los miembros del Patronato de la Fundación, familiares consanguíneos e instituciones en las cuales tiene injerencia.

Posteriormente, en diciembre de ese año, Fundación Bienestar de Filantropía cambió su domicilio social a Barbados, y en noviembre de 2015, a Panamá, cambiando de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, Institución de Interés Privado. Con ese acto, la familia con auxilio de sus abogados y cómplices, consumaron el desfalco, ya que la fundación panameña tiene como sus beneficiarios nada más y nada menos que a los descendientes de William O. Jenkins, incluido el difunto Guillermo Jenkins Anstead y su esposa Elodia Sofía de Landa de Jenkins, así como sus hijos Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos.

Este punto es relevante porque, si la finalidad de la familia era continuar con la realización de actos filantrópicos desde Panamá, debió constituirse como una fundación sin fines de lucro, instituciones que al igual que en México, cuentan con vigilancia de las autoridades del país.

No obstante lo anterior, los Jenkins optaron por una fundación de interés privado, las cuales son utilizadas como vehículo de disposición patrimonial de su fundador, ya que permite designar beneficiarios de sus bienes y establecer su reglamento como privado para evitar que se conozca la identidad de sus titulares, funcionando como una especie de fideicomiso, más que como fundación de beneficencia en favor de la comunidad, aunado a que no cuentan con vigilancia de las autoridades del país, lo que flexibiliza el uso de su patrimonio.

Ahora bien, ¿cómo pudo ocurrir un desfalco de esta naturaleza si existe un organismo dedicado precisamente al cuidado y vigilancia de estas instituciones, es decir, la Junta para el Ciudado de las Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla?

La respuesta es clara: la administración de Rafael Moreno Valle permitió y protegió el desfalco. Así, los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, presidida por Amado Llaguno Mayaudón, con el visto bueno de su abogado consultor Alejandro Tinoco Cabrera, autorizaron una reforma ilegal a los estatutos de Fundación Mary Street Jenkins, la cual sirvó de pretexto para llevar a cabo el desfalco de casi todo su patrimonio, por lo que hoy también se investiga a los servidores públicos de administraciones anteriores que aprobaron y permitieron la realización de dichos actos ilícitos.

Al quedar al descubierto la participación de funcionarios públicos en el encubrimiento de los hechos ilícitos por los Jenkins, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en su contra, misma que está siendo integrada en la Fiscalía especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos.

Derivado de las denuncias iniciadas por Guillermo Jenkins de Landa, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación penal en contra de los Jenkins, sin embargo, a pesar de que todas las pruebas apuntaban a la responsabilidad de la familia, nunca existió pronunciamiento en ese sentido, por el contrario, los Jenkins pretendieron un “encubrimiento legal” logrando que repentinamente y sin sustento legal, en mayo de 2018, se emitiera una resolución de No Ejercicio de la Acción Penal plagada de irregularidades, con lo cual pretendían se concluyera la investigación y que se les exonerara, ejecutando de esta manera un acto delictivo adicional, que sería conocido como “la vacuna Jenkins”.

Para evitar que pudieran echar abajo su resolución ilegal de No Ejercicio de Acción Penal, omitieron informar al denunciante Guillermo Jenkins de Landa que se les había “exonerado”, y notificaron la resolución a Fundación Mary Street Jenkins por conducto de Félix Edmundo Bautista Salazar -mano derecha de los investigados- y se apalabraron con José Gustavo Garmendia Domínguez, Presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada e íntimo amigo de Moreno Valle, para que dejara pasar lo evidente.

Sin embargo, con la entrada de la nueva administración, tanto local como federal, se realizó una revisión a las actuaciones de los Jenkins con respecto al patrimonio que les había sido confiado, al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República descubrió las irregularidades con las que pretendían terminar la investigación penal y encubrir el fraude más grande de la historia, razón por la cual, se revocó el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal y se ordenó continuar con la investigación, y aunque intentaron preservar su impunidad a través de un juicio de amparo, perdieron éste el 30 de marzo de 2021.

Adicional, se identificaron al menos dos delitos cometidos por los Jenkins, el primero investigado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o alteración de Monedad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia organizada de la FGR, en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/000934/2020 y el segundo, por la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la carpeta de investigación 2886/2020/ZC.

A la fecha, en ambas carpetas se ha ejercitado acción penal en contra de Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elonia Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, y por ello es que se han emitido las dos órdenes de aprehensión referidas en el inicio de esta nota.

La UDLAP y los Jenkins

Uno de los detalles más interesantes de las posibles operaciones fraudulentas de la familia Jenkins, es que crearon una fundación exclusivamente para administrar parte de los bienes que obtuvieron ilícitamente de la Fundación Mary Street Jenkins, a la que denominaron “Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales” y de la cual eran socios Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Economía, luego de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox y actualmente es rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Al respecto, el propio Derbez ha aceptado que se dedicó a administrar los bienes inmuebles que fueron propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins y que pasaron a ser parte de otra fundación que opera fuera del país, por lo que, de acreditarse que participó o tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, pudiera ordenarse su aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Adicionalmente, Derbez y otros directivos de la Universidad de las Américas Puebla, están denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones en perjuicio de la Universidad y su patrimonio.

Hoy por hoy, la familia Jenkins está prófuga de la justicia, escondida en Estados Unidos ocultando el dinero en efectivo que asciende a mas 4,500 millones de pesos y armando una estrategia legal que les permita seguir impunes y disfrutando de los recursos que debieran ser para el beneficio de los poblanos.