Con 45 votos a favor y 19 en contra, las comisiones del Trabajo y de Hacienda aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen
Con 45 votos a favor y 19 en contra, las comisiones del Trabajo y de Hacienda aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que aplaza del 1 de agosto al 1 de septiembre de este año la entrada en vigor del decreto y sus nuevas exigencias para la contratación de los trabajadores en las empresas.
Lee Estados Unidos publicó su informe sobre la Seguridad AlimentariaPor el Partido Acción Nacional (PAN), el diputado José Isabel Trejo argumentó su voto en contra al afirmar que “se trata de que generemos un dictamen que genere condiciones jurídicas de certeza, sobre todo por los trabajadores, porque son los que están yéndose de las empresas”.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Galindo Favela, sostuvo que “hay que tenerlo claro, la realidad se va a imponer y si se aprueba este dictamen como se está proponiendo, de otorgar solamente un mes adicional, seguramente en un mes vamos a estar discutiendo si ampliamos otra vez el plazo, para proteger a los trabajadores y a las empresas de nuestro país”.
Agregó que “el Inegi ya nos dijo que tienen un menor ingreso respecto a lo que se tenía en el 2018. Las familias mexicanas están teniendo menos recursos por salarios, han tenido una pérdida del poder adquisitivo respecto a lo que se tenía en el 2018, y ahí hay muchas circunstancias”.
El diputado Antonio Ortega, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que su rechazo al dictamen se debe a que “se amplía un mes el plazo para la IP, mientras que el gobierno, principal contratante, se dio un año; se necesita extender el margen a las empresas a enero próximo”.
Ortega Martínez explicó que, en la práctica, llevar a cabo todo el proceso de cumplimiento para una empresa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y el Sistema de Administración Tributaria, “implica más de 90 días, para el caso de una firma ya regularizada; pero si tiene que regularizarse y pagar adeudos, este proceso puede implicar hasta seis meses”.
Fotografía: pulso
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