Al magistrado Billetes no le alcanzó la lana

No hay peor corrupción que la de una autoridad de la ley, la del ámbito electoral en este caso, que se pliega a los caprichos de un déspota demagogo. Esa es la definición que cuelga sobre José Luis Vargas, el “magistrado Billetes”, así apodado en razón de todas las propiedades de las que es dueño y de las cuales no puede demostrar su procedencia, por más que alegue que es por su esposa que gana más que él.

Vargas Valdez fue destituido ayer como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por sus propios colegas. Se aduce incumplió diversas de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. Y por si fuera poco, ante todo, el faltar al juramento de guardar y hacer valer la Constitución.

Por la Unidad de Inteligencia Financiera es acusado de corrupto, aunque eso ya sabemos no significa nada si la dependencia no lo prueba a cabalidad. Pero igual podría ser denunciado por prepotente y por tratar de doblar la normatividad comicial al servicio de quien se encuentra en el poder. Ha olvidado —por cierto, al igual que el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal— que la máxima constitucional señala la separación de poderes y él insiste en estar al servicio del ejecutivo federal.

¿Recursos de procedencia ilícita?

La Unidad de Inteligencia Financiera ya le había acusado como posible responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, como muchas veces ocurre, la indagatoria la mandaron a dormir. No fue sino hasta recientemente, el 30 de julio, cuando la misma dependencia logró que un juez revocara el no-ejercicio de acción penal en contra del investigado, y con ello se puede continuar con la indagatoria.

Así las cosas, no son únicamente sus colegas quienes señalan a José Luis Vargas de fechorías.

A través de sus acciones hemos sido testigos de cómo el referido se dedicó a pisotear la ley con tal de favorecer al gobierno lopezobradorista y al partido en el poder. Si lo anterior se adiciona que es corrupto, solo se puede aplaudir la decisión y firmeza de su destitución.

La acción de los magistrados fue lo correcto al no permitir el sometimiento al poder ejecutivo y la violación de la ley realizada por su colega. “Ha traicionado los principios y deberes de esta magistratura”, se dijo.

Eso sí, el magistrado billetes pataleó tratando de evitar que uno de los magistrados presentara al pleno una evaluación de su labor, aduciendo que sus pares no tienen la capacidad para evaluarlo. Uno más que se siente superior a sus iguales, pues en su prepotencia marcó un nuevo hito al graznar: “mi voto no va en manada”, refiriéndose a sus compañeros como si fuesen animales. Remató al declarar nula la sesión donde le habían destituido. Una faceta dictatorial digna de la Cuarta Transformación.

Además, presentará una controversia ante la SCJN para que se pronuncie sobre la legalidad de los hechos. Aduce que se realizó un “golpe de Estado” en su contra. ¡Háganme el favor!

Olvida todas las faltas realizadas por su persona tanto a la investidura como a la ley. Algunas de las razones por las cuales fue sustituido son: la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos; el diferimiento de las sesiones sin razón justificada. Viola la Constitución, la cual establece que la justicia debe ser expedita, ciega y sin ser manipulada.

Como ya señalé, el apoyo del régimen ya inició con la declaratoria de Monreal, sugiriendo que el Senado y la SCJN deben actuar al unísono ante lo que ocurre en el TEPJF. En principio, debería de ser respetuoso de la división de poderes y máxime cuando hay serios indicios de que José Luis Vargas es una persona corrupta. A menos que la compra de residencias en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco, sin tener un salario que alcance para pagarlas, sea defendible.

Falta la participación del ejecutivo federal. Por lo que hoy en la mañanera, no nos sorprenda escuchar al residente de Palacio defender al magistrado billetes e inmiscuirse, otra vez, de pleno y sin derecho, en las decisiones del Poder Judicial de la Federación.

Mientras que Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, fiel a su estilo de guardar silencio cuando se requiere su opinión o también ya conocido como “el que calla otorga”, no publicó nada en sus redes sociales.

Esto no es menor.

La decisión de la SCJN ante la prometida controversia, señalará en gran medida si la máxima instancia del poder judicial -y ante todo su presidente- entienden de la división de poderes, del momento trascendental que encaran o si prefieren doblegarse ante López Obrador una vez más.

La acción realizada por la magistrada Janine M. Otálora y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzáles y Reyes Rodríguez Mondragón para destituir a José Luis Vargas es un adecuado, necesario y atento aviso para quienes pretenden el sometimiento de las instituciones al presidente de la República.

Con la decisión de los magistrados, la esperanza ha vuelto a surgir en el Estado de Derecho que nos rige, en la autonomía y separación de poderes y en la presencia de funcionarios públicos que en realidad están comprometidos con nuestra patria.

Hoy más que nunca debemos tomar la frase de Janine Otálora:

“Lo que sucedió el día de hoy sólo debe entenderse como una declaración de principios de que la ética y la responsabilidad son la columna vertebral que sostiene a la institución electoral”. Magistrada Del Tepjf, Janine Otálora.

Hagamos esa declaración de principios de ética y responsabilidad. Exijamos a nuestras autoridades actuar conforme a las funciones y obligaciones consignadas en la Constitución. Y dentro de nuestra esfera, no permitamos que éste y otros magistrados billetes hagan su voluntad. Que la lana de la que se hagan no signifique su silencio cómplice, ni les alcance para comprar conciencias.

Columna de Verónica Malo Guzmán

Sdpnoticias

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