El organismo federal señala que el caso sólo es competencia de particulares y de las autoridades estatales
Puebla, Pue.- El conflicto en la planta Bonafont, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, sólo es competencia de particulares y de las autoridades estatales involucradas en la materia, aseguró la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Lee El conflicto de empresa Bonafont, competencia de Congua y Segob federal: MBHEl pasado jueves el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el caso deben arreglarlo la Conagua y la Secretaría de Gobernación federal (Segob), ya que la primera otorgó los permisos para su funcionamiento, por lo que les pidió no evadir el conflicto.
Habitantes de la región y organizaciones sociales acusan a la empresa embotelladora de sobre explotación de los recursos hídricos y mantienen un plantón que impide sus actividades.
Este fin de semana la Conagua señaló que la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento establecen claramente sus competencias en materia de autorizaciones y permisos, correspondiéndole las relativas al otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de aguas nacionales, permisos de descargas de aguas residuales y autorizaciones de obra en cuerpos de agua de propiedad nacional y sus bienes inherentes.
Lo anterior, sin menoscabo de las demás autorizaciones federales, estatales o municipales que las empresas deban obtener para su operación y funcionamiento, en materia ambiental, uso del suelo, mercantil, salud, protección civil, entre otras, previstas en el marco legal correspondiente y que competen a otras autoridades.
“En cuanto al conflicto de la planta Bonafont ubicada en la ciudad de Puebla con grupos opositores a su operación, esta Comisión no tiene competencia y corresponde a un tema de gobernabilidad, cuya atención requiere de la participación de los particulares y las autoridades del ámbito estatal involucradas en la materia”, destacó en un comunicado.
El organismo federal aseveró que ha estado y seguirá atenta a los planteamientos de quienes ejercen su derecho de expresarse, reiterando su disposición al diálogo, con estricto apego al marco legal vigente como vía para la solución de las controversias.
Foto: archivo m
gse
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