¿Se irán todos los que quiere el Presidente?

Hay quienes le atribuyen poderes especiales al Ejecutivo federal, como sucedió cuando se pretendía ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente del Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia (SCJN), una aspiración que ya se estrelló contra la Constitución.

Quienes consideran que el Presidente de la República todo lo puede, piensan, y con razón, que teniendo una clase política con tantos usos y abusos que lindan en la corrupción, es predecible que la Fiscalía de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) activen los expedientes necesarios para ablandar a los votantes que se necesitarían en el Congreso para concretar la pretendida remoción.

Y es que hay dos principios de realidad irrebatibles:

Uno: quitar a los actuales consejeros y magistrados antes de que concluyan los plazos para los que fueron designados requiere de una reforma a la Constitución.

Y dos: para concretar una reforma constitucional se necesitan mayorías calificadas, es decir, las dos terceras partes de ambas cámaras.

En la actual legislatura, a la que le restan nueve días, Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES tampoco contaron con los números requeridos. Por eso nunca prosperó la idea presidencial de quitarle la mitad de los recursos a los partidos ni las propuestas del futuro presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, para reducir el número de consejeros.

Y si en este primer trienio del gobierno siempre fue una tarea complicada para el senador Ricardo Monreal y los diputados Mario Delgado primero, e Ignacio Mier después, sacar adelante los cambios que requerían el acuerdo con algún segmento de la oposición, para el segundo trienio los coordinadores de Morena estarán obligados a la negociación porque los márgenes del mayoriteo se estrecharon, como resultado del 6 de junio. Nos referimos al caso de los diputados, donde, en esta primera parte del sexenio, Morena armó una mayoría calificada sumando al PVEM a la coalición original de Juntos Haremos Historia (JHH) y a un pedazo de la bancada del PRD que se adhirió a los verdes: Mauricio Toledo, Héctor Serrano y Ricardo Gallardo.

Pero en la 65 legislatura, que inicia el próximo primero de septiembre, para sacar una reforma constitucional, el bloque de JHH necesitará de 56 votos de la oposición, es decir, de más de la cuarta parte de los 200 integrantes de la coalición PAN, PRI y PRD.

Y si bien el poder de seducción o ablandamiento del gobierno podría sorprendernos con operaciones tronantes, como la salida del ministro Eduardo Medina Mora de la SCJN, no hay que minimizar el consenso que hoy confirmarán los futuros diputados de la mega bancada de Va por México: defender la división de poderes y las autonomías de los órganos constitucionales autónomos, con el INE por delante.

Por eso, el gobierno quería aprovechar las últimas dos semanas de la actual composición legislativa y aprobar la ley de revocación de mandato a modo, con una pregunta de ratificación de popularidad presidencial; y una ley de juicio político que podría llevar al matadero a fiscales estatales, consejeros y magistrados electorales.

Pero ni siquiera las gestiones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a favor de un periodo extraordinario pudieron con el veto en la Comisión Permanente, donde resultó evidente que no se puede revertir en una mañana el descuidado y despreciado diálogo con la oposición.

De manera que Palacio Nacional no podrá prescindir de los oficios del coordinador Monreal, quien en el Senado podría armar una reforma electoral alternativa con el respaldo de su homólogo de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien esta semana se corrió al discurso crítico de un supuesto protagonismo del presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Pero eso no implica que MC vaya a sumarse a la purga presidencial de consejeros y magistrados. Además, sus 23 votos en San Lázaro son insuficientes para una mayoría calificada que, sí o sí, necesitará de los diputados de Va por México.

Más allá de las vicisitudes de las matemáticas parlamentarias que vienen, el verano de 2021 ha sido escenario de fortalecimiento interno para las instituciones que el presidente López Obrador quería cooptar.

El INE salió altamente calificado de sus encargos. Y, para colmo de sus detractores, la remoción de José Luis Vargas en la presidencia del Tribunal Electoral fortaleció al bloque de magistrados, que este miércoles confirmó sus márgenes de independencia resolviendo un recuento de votos en la elección de gobernador en Campeche y el castigo al PVEM.

El verano de 2021 obliga a preguntarnos: ¿es viable el amago presidencial de “¡Que se vayan todos!”? ¿O se trata de una inquisición política que se quedará en la hoguera mañanera?

Columna de Ivonne Melgar

Excélsior

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