La visión del futuro que apunta al pasado

La polémica iniciativa del Ejecutivo federal para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en materia energética, que apenas ayer la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las comisiones correspondientes, ya disparó un amplio debate en el país.

De ser aprobada en sus términos, la propuesta del presidente López Obrador no sólo pararía la reforma energética de 2013, sino que la borraría por completo del mapa.

La de 2013 fue una reforma constitucional que requirió el voto favorable de dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, por lo que las modificaciones propuestas a los tres artículos de la Constitución donde se encuentra la regulación de las actividades del sector energético, requieren el mismo proceso de aprobación.

En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional se pronunció sobre el tema y determinó que los jueces federales no pueden suspender las resoluciones o regulaciones de los órganos reguladores del sector energético, que ahora se plantea desaparecer.

La iniciativa propone eliminar los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio nacional, y la Comisión Reguladora de Energía, que regula los mercados de gas natural, gas LP, petrolíferos y electricidad.

Sin reguladores, desaparece también el otorgamiento de permisos, atribución que se prevé pasar a la Secretaría de Energía en materia tanto de hidrocarburos como de electricidad.

Además de afectar la competencia en el sector energético, lo que aumentaría los precios que pagan los consumidores –familias y empresas– finales, la iniciativa presidencial prácticamente cierra la puerta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

A partir de la reforma energética de 2013, la inversión acumulada en proyectos de energía solar y eólica es cercana a los 15 mil millones de dólares, mientras que en el sector de hidrocarburos supera los 7 mil 400 millones de dólares proveniente de los 111 contratos adjudicados en las rondas petroleras.

Las empresas extranjeras de energía nunca habían estado en el país y se hicieron presentes con la apertura de los mercados, que también permitió un mayor despliegue de compañías mexicanas.

No sólo llegaron grandes empresas, sino también medianas y pequeñas para crear un ‘ecosistema energético’.

Se detonaron fuertes inversiones derivadas de las rondas petroleras, las asociaciones estratégicas con privados –farmouts– de Pemex, la red de gasoductos, las actividades en gas LP y petrolíferos, así como de las subastas para la generación de energía eléctrica, entre otras.

La inversión estimada es por decenas de miles de millones de dólares, incluida la desplegada o comprometida, que es la que, en opinión del Consejo Coordinador Empresarial, estaría en riesgo de ser objeto de una “expropiación de facto”, si es aprobada la iniciativa de reforma constitucional al sector energético.

Para el principal organismo del sector privado, eso pondría en grave riesgo la credibilidad del país como socio comercial y lo dejaría expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales.

Se cree que la propuesta del Ejecutivo, principalmente enfocada en la industria eléctrica, cuenta con efectos retroactivos que desconocen el Estado de derecho, de por sí vulnerado.

La iniciativa enviada el 30 de septiembre a la Cámara de Diputados plantea “la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada”.

Además, prevé que la CFE sea el predominante en la generación eléctrica con una participación de “por lo menos” el 54 por ciento de la energía que requiera el país.

El radicalismo en la política energética y el discurso contra la participación de capital privado son señales muy claras de que la visión del futuro apunta al pasado con una reforma constitucional de corte ‘expropiatorio’, como lo advierte el CCE.

Columna de Víctor Piz

El Financiero

Foto: Archivoe

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