El Instituto Nacional Electoral interpuso hoy una controversia constitucional ante la SCJN

En contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, donde se incluye un recorte de 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el órgano electoral

El Instituto Nacional Electoral  interpuso hoy una controversia constitucional ante la SCJN

El documento expone que la autoridad electoral nacional solicitó a la Cámara de Diputados otorgar los recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo un eventual ejercicio de revocación de mandato presidencial, sin que esto haya sido considerado.

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“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados”, argumentó el INE.

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Mencionó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, el INE incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual revocación de mandato, como una nueva consulta popular, atendiendo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió respecto de otra controversia constitucional que el mismo INE promovió sobre la convocatoria a la consulta popular que se realizó este 2021.

“Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado

Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía”, mencionó.

El INE reiteró que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, y manifestó su confianza en las instituciones de justicia de este país.

Fotografía: central electoral

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