ABRIL 2021: Limpia en la SSP y Claudia Rivera pide licencia

Puebla, Pue.- La licencia al cargo de la entonces presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, fue uno de los acontecimientos que se dio durante el mes de abril.

Aunque fue a finales de marzo cuando anunció que dejaría el ayuntamiento para pelear por la candidatura de Morena a fin de reelegirse como alcalde de la capital, la política dejó el Palacio Municipal el 7 de abril.

La salida de la morenista se dio en medio de una serie de denuncias en su contra. La primera de un ciudadano en 2020 por actos anticipados de campaña, pero cobró fuerza con una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla el 2 de abril, la cual estableció que Eloisa Vivanco Esquide, presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena y madre Rivera Vivanco, vulneró el principio de imparcialidad al votar el dictamen en el que se declaró improcedente la queja promovida en contra de la ex edil.

Con la partida de la ex alcaldesa surgieron conflictos sociales que se recrudecieron durante el cuarto mes del año, cuyo origen fueron las obras de remodelación del Mercado de Amalucan y del Centro Histórico, que no avanzaron y provocaron afectaciones a locatarios y clientes, además de quejas de empresarios.

Durante abril también se dio la detención del ex presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, acusado por los delitos de peculado, desvío y malversación de recursos públicos por alrededor de 50 millones de pesos.

Al panista lo sorprendieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuando salía del velorio de su padre el 13 de abril.

Mientras que a finales de este mes el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó medidas cautelares contra el candidato a diputado local por la vía plurinominal del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, por presunto acoso sexual.

Pese a que el panista intentó impugnar un primer fallo que emitió el Instituto Electoral del Estado (IEE), el 30 de abril el TEEP ratificó su decisión. Fue Erika de la Vega, excandidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Cholula, quien lo acusó de presunto acoso sexual.

Pero en primavera también hubo celebraciones como el 14 de abril por la fundación de los 490 años de la ciudad de Puebla.

Ese mismo día, las autoridades electorales comenzaron a validar las solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos de los partidos para la selección de candidaturas para presidencias municipales en el estado de Puebla.

Días después, el 23 de abril el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, visitó Puebla y se reunió con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en Casa Aguayo, donde hicieron compromisos para continuar con el combate de la corrupción en la entidad.

Previamente, el 12 de abril, tras la salida del entonces secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, mandatario estatal anunció una limpia en la dependencia estatal y anunció la desaparición de la Dirección de Vialidad de la SSP.

Para ese entonces, el ayuntamiento de Puebla advirtió de un aumento de 60% en la movilidad en el municipio, al grado que en los últimos días de abril se recibieron 80 reportes diarios por la realización de fiestas y concentraciones en las calles.

Y en la víspera de la elección en Puebla para renovar las 217 alcaldías y 26 diputaciones locales, el Instituto Electoral del Estado (IEE) acumuló al 27 de abril un centenar de denuncias, entre otros motivos, por actos anticipados de campaña y violencia política de género.

Enseguida, el organismo aclaró que la mayoría de las quejas fueron desechadas debido a que los partidos no aportaron las pruebas suficientes para comprobar las irregularidades que acusaban, como es el caso del llamado al voto, la promoción personalizada o las alusiones a la jornada electoral.

Otro hecho que sobresalió en el cuarto mes del año, fue el bloqueo de pobladores en el municipio de Juan C. Bonilla por la operación de Bonafont, el cual duró varias semanas, debido a acusaciones de que la firma extrae de manera ilegal el agua de pozos y mantos acuíferos. Para el 22 de abril, la secretaria de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, aseguró que la empresa contaba con todos los permisos autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su operación.

Foto: Archivoe

cdch