Proceso judicial contra Genaro García Luna estancado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que a seis de meses de que interpusieran una denuncia en Miami contra Genaro García Luna, el proceso judicial se encuentra estancado en Estados Unidos por problemas burocráticos.

De acuerdo con documentos de la Corte de Miami, el gobierno mexicano estableció que la oficina del secretario de Estado se ha retrasado “varios meses” en las traducciones, además de que no ha entregado a tiempo apostillados y firmas, por lo que no ha podido ubicar a los acusados panameños.

En el documento se menciona que por el “atraso estatal”, México no ha recibido el apostillado de documentos del caso, por lo que el portal del Departamento de Estado registra tres meses en la demora de dicho trámite.

En respuesta al escrito, la UIF reconoció que no ha logrado notificar a todos sus acusados en Panamá, salvó a Alexis Weinberg Pinto; además tuvieron que modificar la demanda pues no siguió los estatutos que marca el estado de Florida.

Cabe mencionar que los problemas en el caso García Luna empezaron a hacerse evidentes desde octubre de 2021, cuando los abogados de la UIF informaron que solicitarían la intervención de los tribunales panameños para obtener los testimonios de los dueños de las empresas Nunvav Inc S.A, Nunvav Technologies Inc y Gull Holding Enterprises Inc, localizadas en la capital del país.

Respecto al documento de García Luna con fecha 7 de febrero en la Corte de Florida, la defensa mexicana sostiene que la empresa Nunvav Inc sí fue controlada y operada en Florida y formó parte de la red de empresas que lavó dinero para el ex secretario Genaro García Luna.

También envió repetidamente fondos a Florida que habían sido robados al gobierno mexicano con el fin de asegurar y ocultar las ganancias del esquema de contratos gubernamentales ilegales y colocarlos fuera del alcance del demandante.

La UIF presentó desde el pasado mes de septiembre, una demanda ante una Corte del condado de Miami, buscando recuperar al menos 250 millones de dólares que robó el ex secretario de Seguridad Pública y sus cómplices, quienes además ocultaron fondos extraídos de manera ilegal.

Según el documento se habrían hecho por lo menos 64 transferencias con dinero robado a través de bancos en México y en Estados Unidos.

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