50% de las mujeres que están en prisión preventiva en México esperan sentencia

De las 222 mil 369 personas en reclusión a nivel nacional, 12 mil 480 son mujeres, lo que representa el 5.61% de la población penitenciaria. Lamentablemente, al ser una minoría, no existen acciones o políticas públicas específicas para atender adecuadamente sus necesidades básicas. Hablar de mujeres privadas de la libertad es hablar también de mujeres que están en prisión preventiva; es decir, que siguen su proceso penal en distintas cárceles, aunque legalmente sean inocentes. Mujeres sin sentencia, informó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

El IFDP ha identificado un patrón de múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en prisión preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y a ser juzgadas en un plazo razonable, lo que las pone en situación de extrema vulnerabilidad.

Del total de mujeres privadas de la libertad, 6 mil 569 se encuentran en prisión preventiva, de las cuales 5 mil 346 corresponden al fuero común y mil 223 al fuero federal. Es decir, una de cada dos mujeres que están prisión preventiva en México, esperan sentencia.

De las mujeres privadas de su libertad en el fuero federal, 777 se encuentran en el único centro penitenciario femenil federal del país: el Cefereso 16, en Morelos. Ahí solo 291 han sido sentenciadas y 486 aún están a la espera de que se defina su situación jurídica.

El Cefereso 16 no cuenta con el personal médico general ni especializado en ginecología, de forma permanente, que esté en condiciones de atender de forma cotidiana a las mujeres privadas de libertad, generando violaciones a sus derechos a la salud y a una vida digna.

Es importante señalar que, de los 288 centros penitenciarios en el país, tan sólo existen 20 centros exclusivos para mujeres que albergan a poco más de 5 mil 700 mujeres (46%). Alrededor de 6 mil 700 mujeres (54%) se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios mixtos expuestas a toda clase de violencias y abusos por parte de otras personas internas y de autoridades carcelarias.

Adicional a estas vulneraciones, las mujeres sufren más impactos negativos en el uso y abuso de la prisión preventiva: la mayoría de ellas no recibe visitas, las cárceles donde se encuentran están muy lejos de sus domicilios –lo que se traduce en un rompimiento del vínculo familiar- y son doblemente estigmatizadas por estar en conflicto con la ley penal y por no cumplir con el rol de género asignado. Sin un acto judicial que verifique la pertinencia de la medida cautelar, es mayor el riesgo de ser víctima de tortura y malos tratos en las cárceles.

La Defensoría pública, que dirige Netzaí Sandoval Ballesteros, seguirá litigando para alcanzar límites racionales a la prisión preventiva, y redoblará esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos para las personas más vulnerables.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

•Abuso de la prisión preventiva tiene consecuencias físicas y psicológicas que impactan negativamente en la salud mental, autoestima y proyectos de vida de las mujeres.

•La SCJN decidió que los jueces pueden revertir la prisión preventiva oficiosa después del plazo constitucional de dos años, siempre y cuando el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su actividad procesal no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente.

•Defensatel 800 22 42 426, tu liìnea de defensa gratuita, funciona las 24 horas, los 365 diìas del anÞo.

•El IFDP tiene cobertura nacional en las 32 entidades federativas del paiìs.

•La Defensoría pública cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional.

•El Instituto brinda los servicios de defensa penal y asesoría jurídica en 148 variantes lingüísticas.

Foto La Prensa

clh