La fiscal mentirosa

Se necesita tener cara dura para que, después de haber sido acusada de inventar delitos y actuar de manera inconstitucional, la Fiscalía de la Ciudad de México asegurara que ni los fabrica, ni inventa culpables, ni genera acuerdos al margen de la ley. Pero en el caso del encarcelamiento de Alejandra Cuevas, hija de quien fue pareja por 50 años de Federico Gertz Manero, la declaración sin firma de la fiscal Ernestina Godoy la muestra cínica, capaz de mentir con descaro. Godoy bailó al ritmo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que quería que su excuñada y su hija, a quienes acusó de homicidio por omisión de su hermano, vivieran en la cárcel. Sin embargo, Godoy buscó neutralizar el mazazo del fallo de la Suprema Corte al retirarles los cargos y ordenar la liberación inmediata de Cuevas. La Fiscalía capitalina, afirmó, “es autónoma, (y) no obedece a intereses personales”. Qué descaro.

El fiscal general, como se ha publicado, actuó en contubernio con Godoy y Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que después de haber perdido en todas las instancias legales donde acusaba a sus familiares políticas por la muerte de su hermano en 2015, reactivó el caso al asumir el cargo y ordenó a su incondicional, Juan Ramos, fiscal para Control Competencial, que se encargara de ello. Ramos manipuló a la Fiscalía capitalina a través de Facundo Santillán, que conoció cuando era asesor de Guerra en el tribunal, y al que Godoy nombró coordinador general de Investigación Estratégica. Cuando se fue Santillán a la Secretaría de Seguridad, lo remplazó con Israel Cevallos, el magistrado que confirmó la formal prisión a Cuevas.

Ramos fue quien tomó las decisiones importantes del caso en la Fiscalía capitalina, ante la permisividad de Godoy. Funcionarios capitalinos recuerdan que Godoy estaba intimidada por Gertz Manero, y le tenía mucho miedo. El fiscal general no tuvo dificultades para recibir el apoyo de Godoy, que informó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que hacía, y pese a los consejos de hacerse a un lado, no la detuvo ni, por consiguiente, al fiscal general. Mensajes de personas que apoyaron a Godoy cuando se preparaba para ser fiscal capitalina nunca fueron respondidos por ella, acentuando la decepción en la fiscal, que optó por esconderse.

Empezó mal Godoy este caso y con el tiempo empeoró su actuación. Gertz Manero quería encarcelar a Laura Morán, la pareja sentimental de su hermano, pero la gestión de su yerno, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, lo detuvo. Para saciar su sed vengativa enfocó su odio en Cuevas, y desde la Fiscalía General pidieron a la capitalina que la detuvieran, lo que obedecieron. En la sesión de la Suprema Corte del lunes pasado, ministros y ministras dijeron que su detención fue inconstitucional.

Godoy respondió a través de la tarjeta informativa de la Fiscalía que no fabricaba culpables, pero el 16 de octubre de 2020, acatando las peticiones de Gertz Manero, detuvieron a la señora Cuevas al salir de su casa en compañía de su hijo Gonzalo, sin ninguna orden de aprehensión. Tras obligarla a acompañar a los agentes ministeriales, le dijeron que iban a la Fiscalía, cuando en realidad enfilaron hacia Santa Martha Acatitla, donde tres días después ya estaba formalmente presa, acusada de cómplice de su madre por no haber dado la atención médica que requería Federico Gertz Manero.

El presunto delito la señalaba como “garante accesoria”, inexistente en el Código Penal. La afirmación de Godoy de que no fabrican delitos es una mentira flagrante, al haberle imputado uno que es producto de un invento. La aberración, sin embargo, no podía haber sido completada de no haber existido la complicidad de los tribunales capitalinos. Marcela Ángeles Arrieta, jueza 67 de lo penal, subordinada a Guerra, el presidente del tribunal, procesó el caso avalando un delito falso y sin tomar en cuenta las violaciones al proceso en la detención de Cuevas, lo que subraya otra parte del embuste de la tarjeta informativa de Godoy.

“Presentamos pruebas”, dijo Godoy en la tarjeta, lo que es un engaño porque no existe el delito, y “con base en ellas los juzgadores adoptan sus resoluciones” –la aberración jurídica fue respaldada por la jueza Arrieta–, que “pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del proceso penal”. Lo que sucedió fue que Israel Cevallos, actual colaborador de Godoy, en ese momento magistrado subordinado a Guerra, confirmó la formal prisión a Cuevas. Con todo esto, Godoy tuvo la impudicia de mandar decir en la tarjeta informativa que “somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en autocomplacencias”, cuando los propios hechos relatados en la Suprema Corte contradicen sus afirmaciones.

El proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que se discutió el lunes en la Corte decía que, además de basarse en una figura inexistente en la legislación penal, el caso de la señora Cuevas rayaba en el límite de lo no razonable. “No hay delito sin ley”, señaló el ministro, lo que subraya la impunidad de Gertz, Godoy y Guerra para torcer las leyes y ser cómplices en una venganza, donde lo único que importaba era aniquilar civil y penalmente a la familia política del fiscal general. Los dos primeros inventaron delitos y la jueza los dio por buenos e ignoró las pruebas de las acusadas que los desmontaban. Guerra, sentado en la antesala de la ilegalidad, palomeaba las decisiones de Arrieta.

La injusticia campeará irreversiblemente. Al no haber dado vista la Corte para que se investigaran los delitos de quienes deben vigilar la ley, Godoy tendría que iniciar una investigación para encontrar a los funcionarios responsables de incurrir en los delitos, mientras que Guerra debería hacer lo mismo contra la jueza Arrieta. Los responsables de la aberración legal que vimos deberían ir a la cárcel, pero eso no sucederá, porque tendrían que meterse ellos mismos en la celda y apagar la luz.

Columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio en El Financiero

Foto El Financiero

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