Indagan monopolio en transporte marítimo de Quintana Roo

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) publicó este miércoles, en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación, el aviso de inicio de una investigación de oficio, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios de transporte marítimo en el estado de Quintana Roo.

La investigación incluye los servicios de transporte marítimo de bienes y pasajeros específicamente en el estado de Quintana Roo, actividades que son de suma importancia tanto para los habitantes y trabajadores de la zona, como para los turistas, pues permite la movilidad de personas y mercancías entre el estado y sus zonas insulares.

En 2021, esta forma de transporte atendió a más de 9 millones de pasajeros en los transbordadores que dan servicio en esa entidad (Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal), y se movilizaron más de 1 millón y medio de toneladas de carga general en los Puertos de Quintana Roo (Punta Sam, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel y Punta Venado).

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Plan Estratégico 2022-2025 de la Comisión, las actividades de transporte y logística son prioritarias porque permiten el traslado de mercancías, así como el transporte de pasajeros.

De acuerdo con el Artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE o Ley), las prácticas monopólicas absolutas son posibles arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, segmentación de mercado, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

Esta investigación de oficio, identificada con el número de expediente IO-004-2021, no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la LFCE, se indicó en un comunicado.

El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.

Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el Pleno resolvería su cierre.

En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

Conforme a la LFCE, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta por el 10% de sus ingresos.

También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas.

Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados hasta con 10 años de prisión de conformidad con el artículo 254 bis del Código Penal Federal.

Foto: cgc.qroo.gob.mx

gse