Zoé se salta al Presidente

PUES EL IMSS no ha leído correctamente la señal del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a los servicios integrales médicos, en este caso laboratorio clínico y banco de sangre.

Si bien los costos son entre 30% y 40% más económicos que aquellos que paga el ISSSTE, no deja de sorprender que sean los mismos jugadores los que estarán participando en el estudio de mercado que está liberando el Seguro Social.

Ooootra vez, Zoé Robledo y los suyos ya se aprestan a repartir entre el llamado cártel de los chupasangres un negocio de entre 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos para cada uno de los tres próximos años.

Supuestamente la intención es que el IMSS y el ISSSTE adquieran sus equipos y consumibles directo a los fabricantes, sin recurrir a ese cártel sancionado ya por la Comisión Federal de Competencia Económica.

En el caso del ISSSTE fue Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien López Obrador encargó dirigir el proceso de transición para desaparecer los servicios integrales.

Estamos hablando de cirugías de mínima invasión, cardiología y hemodinamia, ortopedia, hemodiálisis, tamiz metabólico, endoscopia y anestesia, que como ha sido mencionado consistentemente en la mañanera, han servido para saquear al sector salud.

Un caso notable ha sido el multimencionado de imagenología digital, que supuestamente extraviaron los contratos y la documentación que amparaba la relación con Tesi S.A. de C.V.

Sospechosamente dicho contrato fue asignado desde hace mas de cinco meses a la empresa Imédic, que sin experiencia no ha podido hasta el momento ser capaz de poner en operación dicho sistema.

A dos meses de que acabe el año, ha provocado el diferimiento de miles de procedimientos quirúrgicos y consultas de especialidades de ese instituto que dirige Pedro Zenteno.

El cártel está integrado por Falcón de Noé Ramírez, Centrum de Valentín Campos, Hemoser de Ignacio Higareda, Impromed de Fernando Chein y Dicipa de Francisco Pallack.

EL FRAUDE EN el mundo empresarial no es un concepto nuevo o extraño, pero que sea cometido por un empresario de alto nivel adquisitivo lo puede ser. El exdirector general de Grupo Alsea y ahora vocal patrimonial del mismo, Cosme Torrado, se ha visto inmiscuido en prácticas delictivas. Esto a partir de que el día 28 de octubre pasado un juez de control lo vinculó a proceso dentro de la carpeta judicial 013/0778/2022 por el delito de fraude en pandilla. Esto debido a que el hombre de negocios aparentemente ha participado en forma de coautor en la venta de un inmueble ubicado en la calle Emilio Castelar, en Polanco. Dicho fraude asciende a cerca de doce millones de pesos. A partir de esto la situación de Torrado se empieza a tornar un tanto borrosa, debido a las implicaciones que esta vinculación le podrían costar al gigante mexicano de los restaurantes. Es así que se podrá presenciar otro capítulo delictivo por uno de los grandes millonarios de México que ha llegado a utilizar su posición e influencias para librar la justicia y abusar del sistema. Dicho juicio tiene todas las características para convertirse en otra de las muchas batallas entre la justicia mexicana y la ya conocida impunidad en nuestro país.

EN LA 4T no pasaron desapercibidos los elogios que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, hizo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esto en el marco de la gira que el tabasqueño hizo por aquel estado la semana pasada. Si bien la entidad no destaca por una poderosa clase política o por la representatividad de su padrón electoral, que es apenas de 912 mil personas, sí cuenta con peso específico en Palacio Nacional, donde se tomará la decisión para definir al candidato presidencial. Es conocida la cercanía que Navarro Quintero mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde aquella apuesta de 2005 en la que el médico aceptó ser candidato del PRD al gobierno de Nayarit.

EN LA CARPETA de investigación interpuesta por Universal Music Group, que preside Lucian Grainge, en contra de los padres de Christian Nodal, un juez de control ordenó a los ministerios públicos federales esclarecer los hechos y citar a Sony Music para que exhiba información relacionada con la investigación. Sin embargo, hasta ahora la disquera que encabeza aquí Roberto López no ha proporcionado esa información desde el día 17 de mayo del 2022, que le fue requerida, y tampoco compareció ante la representación social el día 20 de octubre del 2022.

El Financiero

Columna de Darío Celis

Foto: Especial

cdch