La máxima casa de estudios

El prestigio de la UNAM y la credibilidad de la SCJN están en entredicho.

Ello no se debe —no primordialmente— al posicionamiento de las autoridades de la UNAM o al absoluto silencio de diez de los once ministros del supremo tribunal de la nación. Aquí la única que debe seguir siendo señalada por su plagio, por su insensatez y por sus varios delitos posteriores que debilitan el Estado de derecho es la aún ministra Yasmín Esquivel. Ella ocupa un puesto para el cual no cuenta con lo más básico que es la honorabilidad y buena reputación.

No sé si se pueda decir que la degradación jurídica, ética y cívica que se está viviendo en el país no tenga precedentes. Quizá sí. Lo que sin duda me queda claro es que la tibia y también errática decisión de la UNAM y la nula voz de la Suprema Corte hacen esa degradación muy evidente, notoria, abierta, empezando por el hecho de que Esquivel se mantenga con su título y en su cargo.

Es inmersos en este escenario que se dio —luego— el anuncio del rector Enrique Graue. Este ha dividido a la opinión pública. Aquí mi lectura:

Demasiado poco, demasiado tarde

Hablando con toda honestidad, vacaciones institucionales o no, el anuncio del doctor Graue del viernes se pudo haber hecho tres semanas antes, esto es, luego de haber estudiado el caso durante una semana completa.

El tratar un problema de semejantes proporciones a velocidad retardada solo ha ayudado a hacerlo más grande. Por cierto, eso ocurre con cualquier asunto significativo de la vida político-social de una nación.

Una camisa de fuerza

La cabeza de la universidad comenzó por afirmar, de forma contundente, que la tesis de Esquivel fue producto de un plagio (el equivalente a decir: se cometió el delito y ella es culpable). Sin embargo, a continuación, dio a entender algo que no se ha concluido —que ni siquiera la propia UNAM ha establecido de forma definitiva—: que la institución no tiene facultades legales para retirarle o anularle (nótese, esas dos figuras no son la misma cosa) el título a la plagiaria.

Tristemente es con esta apresurada afirmación (y que a la vez vino tarde —¿captan ustedes la ironía?—) que inicia el desmoronamiento de lo que pudo haber sido una verdadera defensa de la UNAM.

No solo mal parada dejó a la institución al no haber dejado claro casi de inmediato la conclusión relativa al plagio hace casi un mes, sino que posteriormente habló de buscar posibles vetas de solución pero al mismo tiempo las invalidó ¿Para qué hablar de una posible salida del laberinto si la niega usando la norma universitaria —que no ley— como grillete?

Las autoridades de la máxima casa de estudios perdieron la oportunidad de enaltecer los valores de la institución y respetar su normatividad universitaria al mismo tiempo.

La nulidad

Y es que, verán ustedes, si bien se agradece respetar la normatividad —de cualquier orden y en cualquier ámbito— en un país donde se menosprecia o donde la máxima autoridad federal considera: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, ello no niega la posibilidad de interpretación de las lagunas a la norma universitaria. Entre otras hablar y ejercer la nulidad.

El marco normativo interno da espacio para argumentar y resolver en ese sentido. Es sencillo: nunca se cumplieron los requisitos para la titulación (presentar una tesis de la autoría de quien la sustenta); hubo engaño en el proceso.

Nadie solicita violentar la ley, ni modificarla. ¿Por qué, entonces, Enrique Graue habló de eso —de no poderse dar el lujo de violar la normatividad— si no es para autoimponerse de antemano limitaciones?

Su razón de ser

La función prioritaria de la UNAM es la formación profesional y académica; ello debe estar por encima de privilegiar la normatividad institucional (una, que ya se dijo, no está en entredicho ni se pide violentar).

La universidad y su rector tienen la responsabilidad primordial de formar estudiantes, esa es una función socializadora. El discurso institucional debe siempre ir en ese sentido.

Lo que es más, las demás universidades no tienen ese valor al grado que sí lo tiene la UNAM, no en balde le llamamos “la máxima casa de estudios”.

No se habló de castigo ni de resarcimiento

Y en ese sentido, dentro de la función socializadora, notarán ustedes que el viernes nunca se habló de castigar a la plagiara. De pena o correctivo a algo tan nocivo —hoy y a futuro— para la sociedad mexicana. Tan nocivo como obtener y detentar un título que en el fondo no se debería poseer.

No solo una afrenta no resarcida a otros que se formaron adecuadamente; también un aviso al mexicano en general de que se puede transar a lo grande.

La autonomía pisoteada

¿Cómo es posible que el mismo rector y el abogado general de la UNAM turnaron el caso a la SEP? No se me malinterprete. Pero no se olvide que la UNAM es autónoma; su mismo nombre habla de ello. ¿Por qué, entonces, establecer la superioridad de Educación Pública sobre la máxima casa de estudios?

Se entregó esa autonomía al gobierno federal precisamente cuando más se requería ejercerla ante una de las peores faltas académicas. Si la autonomía no opera para la universidad en este tipo de casos, ¿para qué se tiene?

La papa caliente sin resolver

Y más tarde, el gobierno le regresó la “papa caliente” a la UNAM. Esta decidió cacharla, pero desafortunadamente no para “enfriarla”.

El pronunciamiento de rectoría no ha significado ni de cerca la resolución del problema. De hecho lo ha agravado; ahora se tiene una comunidad universitaria dividida. No dieron a entender plazos ni siguientes pasos.

¿Se está escuchando a la comunidad universitaria? ¿Esto a través del Consejo Universitario? Durante el pronunciamiento observamos al aparato directivo de la universidad apoyando al rector. Este mencionó instancias a las que se involucrará después, pero no se calendarizaron plazos ni se detallaron etapas. ¿Eso es sinónimo de apostar a que el asunto se diluya? Tristemente, la UNAM no fijó compromisos sobre cuánto hará, el cuándo lo hará y cómo se hará.

Proteger a la universidad

No es la primera vez que la UNAM enfrenta momentos definitorios. Tiempos desesperados requieren medidas extremas. Así lo demostró el rector Javier Barros Sierra, quien supo enfrentar el conflicto estudiantil del 68.

Esa situación no se encontraba normada ni se esperaba, evidentemente. La revuelta estudiantil del 68 fue sin duda un parteaguas en la historia del país y el rector apoyó al estudiantado más allá de las presiones del gobierno. La rectoría tuvo que reaccionar y supo cómo hacerlo, defendiendo a los estudiantes y la autonomía universitaria.

¿Qué pasa cuando lo que hace la institución para evitar vulnerarla termina por lastimarla más? Menudo dilema y eso es lo que está ocurriendo ahora.

La enclenque defensa ha devaluado todos los títulos de la UNAM y es algo que ni la comunidad ni el país puede permitirse.

La espera abre la puerta a que comunidad universitaria y sociedad mexicana puedan exigir a la universidad conocer cuántos casos más de plagio existen. ¿Son los cuatro que conocemos o en todas las áreas hay? En otras palabras, se abren innecesariamente nuevos frentes y luego resulta muy difícil cerrarlos…

SDP Noticias

Columna de Verónica Malo Guzmán

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