Curiosidades lingüísticas de la SCJN y el plan B electoral de AMLO

Hubo ayer algo así como un civilizado pleito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el significado de la palabra nativo que, como todas las palabras, tiene numerosos significados; repasemos algunos:

√ Los medios nativos digitales son los periódicos —como SDPNoticias— que se difunden exclusivamente en internet.

√ Nativo es un restaurante de Zaragoza, España. Se ubica en la avenida Juan Carlos I y no debe ser muy bueno, ya que en TripAdvisor tiene malos comentarios, como el siguiente que hizo alguien a quien le pareció “absolutamente incomestible” su cachopín, que me parece es un platillo de ternera: “Después del primer bocado, que tuve que sacarme de la boca con disimulo, volví a intentar otro trozo. Imposible de comer, por lo que dejé todo el segundo. Conclusión: dinero tirado y cabreo al canto. A no repetir”.

√ Nativo es un tabaco para pipa que nació en España durante la pandemia.

√ Nativa es una leche en polvo para bebés que Nestlé comercializa en algunos mercados.

√ Los oros nativos de Transilvania constituyen un clásico europeo.

√ Hay otros metales nativos, que son, dice la Real Academia Española, los que se encuentran en su mena libre de toda combinación.

√ Los nativos de Australia son los humanos vivos más antiguos y, según El País, también los más desdichados. O eran los más desdichados hasta antes de que la SCJN le quitara a Rocío Nahle su estatutos de nativa de Veracruz, algo que valerosamente intentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

√ Nativo 1lt. es un fungicida de Bayer. Se le considera un fungicida inteligente que sirve para prevenir y controlar la enfermedad de los plátanos.

√ Se ha puesto de moda que, cuando estudian fuera de sus países, los y las estudiantes prefieran profesores nativos para aprender mejor un idioma extranjero.

√ Según el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, nativo ya no debe entenderse como “nacido” en un territorio determinado, sino interpretarse para favorecer la soberanía de las entidades federativas. Interesante definición, pero… no gustó al resto de integrantes de la corte.

√ Más práctico, el ministro Alberto Pérez Dayán seguramente pensó “ya no se hagan bolas” antes de decir que sobre el significado de nativo “la Constitución es absolutamente clara, no veo manera de cambiarla a través de una interpretación”.

√ La innovadora definición de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tampoco gustó a la ministra presidenta. Norma Lucía Piña Hernández, con contundente sequedad, señaló que “nativo significa justamente haber nacido en determinado lugar”. Y agregó que la SCJN no puede ignorar el significado lingüístico de las palabras usadas por el constituyente.

√ Me encantaría saber qué pensaba de ese debate sobre palabras la ministra Margarita Ríos Farjat quien, en su anterior vida, la de poeta, jugaba muy bien con las mismas y decía que “el mundo tiene muchas maneras de verse”. Así que, supongo, más allá de lo jurídico nativo será para ella lo que cada quien quiera que sea. Pero en la corte prefirió irse con el pragmatismo de Dayán y la contundente sequedad de Piña: nativo es quien nace en Veracruz y no quien tiene hijos veracruzanos, así que Rocío Nahle no es nativa de ese bello estado.

√ Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Javier Laynez Pitosek pareció que iban a darle la razón a Ortiz Mena en el debate lingüístico, pero entendieron a tiempo que eso no tenía sentido. Así que, después de una votación preliminar en la que solo había seis ministros y ministras a favor de invalidar la ley Nahle —cito a Reforma— Zaldívar y Laynez aceptaron sumarse a la mayoría para lograr los ocho votos necesarios, “de tal manera que no se genere un escenario de incertidumbre para las elecciones de Veracruz, previstas para junio de 2024″.

¿Qué era la ley Nahle?

Una ley inútil para facilitar a la secretaria de Energía ser candidata al gobierno de Veracruz. Inútil porque Nahle, sin ser nativa, cumple con el requisito de la residencia en esa entidad. Toda su vida ha vivido ahí y actualmente es senadora con licencia por Veracruz.

A pesar de ello, en el congreso local quisieron beneficiarla con una tontería: la reforma al articulo 11 de la constitución estatal para reconocer como veracruzanos o veracruzanas a quienes tienen “hijos veracruzanos” a pesar de haber nacido en otro estado —Nahle es nativa de Zacatecas—.

Eso es una tontería porque el artículo 116 de la Constitución autoriza a Nahle a ser candidata por cumplir sobradamente con una “residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”. La residencia no puede perderse por alejarse un sexenio de la entidad para cumplir responsabilidades federales.

El hecho es que, con un marcador de ocho a tres, la corte invalidó la ley Nahle.

En contra votaron:

Norma Lucía Piña Hernández. Margarita Ríos Farjat. Luis María Aguilar Morales. Alberto Pérez Dayan Loretta Ortiz Ahlf. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Javier Laynez Potisek. Jorge Mario Pardo Rebolledo.

A favor de la ley Nahle votaron:

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Yasmín Esquivel Mossa. Juan Luis González Alcántara Carrancá, según dijo Reforma “con una interpretación conforme para aclarar el tema electoral” —signifiquen estas misteriosas palabras lo que significaren—.

El plan B

Lo mejor del debate sobre la palabra nativo fue que Zaldívar y Laynez se sumaran a la mayoría para lograr los famosos ocho votos que se necesitan en la corte suprema para que sus resoluciones tengan plena validez.

Esos ocho votos tendrán que lograrse cuando la SCJN analice la supuesta inconstitucionalidad del plan B electoral propuesto por AMLO y aprobado por el poder legislativo. Si no se logran habrá lío.

Antes de continuar expreso un deseo relacionado con la constitucionalidad de las medidas de austeridad que al INE tanto molestan:

Ojalá Pérez Dayán sea tan práctico al analizar el plan B como lo fue con la ley Nahle. Una lectura sencilla de la Constitución será más valiosa que una interpretación rebuscada. Creo que en la Constitución no hay nada que invalide la necesidad de que la burocracia —por muy burocracia electoral que sea— aprenda a hacer lo mismo con menos. Nada deseo más que ver a Norma Piña juzgar la austeridad del INE con la contundente sequedad —sinónimo de objetividad— con la que se refirió a la definición de nativo. Mujer inteligente, ella sabrá a qué se refería el constituyente cuando habló de austeridad republicana, concepto que genera alergias —ronchas feísimas— en consejeros y consejeras del INE. Será muy importante que Ríos Farjat observe con ojos de poeta el falso drama que me parece escenifican Lorenzo Córdova y Ciro Murayama con el único propósito de que la corte pelee con AMLO, quien solo quiere ahorros porque no alcanza con el presupuesto. Con la fuerza política que tienen, Andrés Manuel y Morena no necesita de ventajas indebidas para seguir ganando elecciones. ¿Se entiende esto? Jorge Mario Pardo Rebolledo deberá mantenerse en su sabia posición exhibida acerca de la ley electoral de la Ciudad de México, basada en el artículo 134 de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos: “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. El resto de ministros y ministras tendrán que reflexionar seriamente acerca de si van a analizar un problema de optimización o de ingeniería industrial —que se resuelve con álgebra lineal, disciplina en la que nadie en la corte tiene experiencia— o si solo van a leer lo que dice con absoluta claridad la Constitución.

¿No le alcanza al INE? ¿Cómo lo determinará la SCJN?

El argumento de consejeros y consejeras del INE —y de las dirigencias de los partidos de oposición— es que con menos dinero las elecciones estarán en riesgo porque no alcanzará para pagar credenciales de electoral, contratar funcionarios electorales y pagar muchas otras actividades necesarias para que la contienda de 2024 sea democrática y limpia.

Excepto un estudio hecho por el propio INE, que no desea reducir su presupuesto en un solo centavo, nadie ha aportado elementos para saber si lo anterior es cierto o no.

¿La corte contratará despachos de ingeniería para asesorarse? Porque el tema es de optimización, esto es, de saber hacer lo mismo con menos.

La única frase del artículo 134 constitucional de la que podrían agarrarse en la corte para pensar en la inconstitucionalidad de la austeridad en el INE es esta: “Satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

¿Pueden satisfacerse los objetivos de la autoridad electoral con menos recursos? Creo que sí. Lo lograría un empresario competente —digamos Carlos Salazar, quien encabezó el Consejo Coordinador Empresarial—, pero toda la gente de empresa tiene algo que a la burocracia le falta: creatividad para hacer lo mismo, e inclusive para hacerlo mejor, con menos.

En fin, me parece que en la SCJN no tendrán manera de saber con profesionalismo si las elecciones pueden realizarse con el plan b. Así que ministros y ministras votarán en función de sus preferencias ideológicas, que se vale las tengan. Ojalá que ello no lleve a que la letra y el espíritu de la Constitución sean lo de menos en una votación que determinará el papel en la historia de cada participante.

Posdata: El asunto en realidad no es constitucional, sino un complicado problema de optimización. Como estoy convencido de que siempre se puede hacer lo mismo —y hasta mejor— con menos, yo votaría a favor del plan b en el punto de la austeridad.

Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

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