Niegan prisión domiciliaria a Mario Marín y seguirá en El Altiplano

La FGR argumentó que el ex gobernador representa un riesgo para la víctima y testigos, además de que existe un riesgo fundado de fuga

Niegan prisión domiciliaria a Mario Marín y seguirá en El Altiplano

Un Juez de Distrito negó al ex gobernador Mario Marín Torres la posibilidad de cambiar la prisión preventiva por una de tipo domiciliaria, según se determinó en una audiencia de revisión de medidas cautelares a petición del priísta.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que el imputado pedía a la Jueza continuar con su proceso en libertad, además que se le impusieran nuevas medidas consistentes en residir en un lugar determinado y acudir al Juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal que se le sigue por su probable responsabilidad en el delito de tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.

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En dicha audiencia, los Ministerios Públicos de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentaron las pruebas y argumentos para continuar en prisión.

Argumentaron que el imputado representa un riesgo para la víctima y testigos, existe un riesgo fundado de fuga, la falta de arraigo del imputado en el lugar del proceso, que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponde a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra.

Como resultado, el Juzgado de Distrito a cargo del proceso, determinó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva de Mario Marín, quien se encuentra recluido en el CEFERESO 1 “Altiplano”.

Cabe recordar que el caso deviene de la acusación realizada por la FEADLE por su presunta responsabilidad en valerse de las instituciones públicas del estado de Puebla que se encontraban bajo su mando y que, como titular del Ejecutivo Estatal de dicha entidad, presuntamente ordenó la tortura de Lydia Cacho como castigo a su libertad de expresión.

El ahora acusado fue detenido en febrero de 2021, en Acapulco Guerrero.

Foto: archivo m

gse

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