En mira de gobierno, 161 anuncios espectaculares ilegales o irregulares

Por instalarse en sitios prohibidos del estado de Puebla, 161 anuncios espectaculares son susceptibles de procesos administrativos, su clausura y su retiro, reveló este lunes la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique.

Destacó que los infractores serán sujetos a multas cercanas a los 2 millones de pesos, además de asumir el costo del retiro de las estructuras, que va de los 80 a los 100 mil pesos y que de inicio pagará la administración estatal.

La funcionaria indicó que está en la fase final el proceso de licitación para el retiro y clausura de espectaculares irregulares o ilegales.

Los primeros son aquellos que pueden entrar en proceso de regularización a cargo de sus propietarios y los segundos no son susceptibles de regularizar por estar en áreas verdes.

La secretaria hizo hincapié en que su dependencia no regula anuncios o propaganda electoral, sino la instalación de estructuras, ya que para los contenidos hay ley específica.

Refirió que en la Ley de Prevención y Atención de Contaminación Visual se prevén inicios de procesos administrativos que pueden concluir con multas de hasta 1.8 millones de pesos, según el tamaño, daño o violación que registre la estructura.

Por ello llamó a quienes estén en sitios ilegales que los retiren, ya que la secretaria iniciará con los procedimientos administrativos contra 147 anuncios auto soportados y 14 ubicados en estructura urbana, como los puentes vehiculares, es decir, 161 en total.

Señaló que esta semana ya están programados dos retiros de espectaculares y 31 inicios de procedimientos y clausuras, con lo que la ley marca.

Los retiros y clausuras se harán con recursos propios de la secretaria, en espera de que concluya la licitación para que los ejecute una empresa privada.

Destacó que el costo está calculado entre 80 y 100 mil pesos, que se suma a las multas, por lo que cada infractor deberá pagar ambos conceptos.

Sobre este caso, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que para el gobierno es un gasto oneroso, por lo que se hace el llamado a cumplir ley.

En el caso de quien ordene un anuncio, que lo contrate con empresas autorizadas, o de otra forma es copartícipe de una ilegalidad.

“Cada uno de esos 80 mil pesos pudiera servir para otras necesidades más urgentes, pero ante la presión social debemos responder a esto”, agregó.

Foto: Esimagen

gse