La colectiva Marea Púrpura acusó que fueron detenidas de forma arbitraria
La colectiva Marea Púrpura acusó que dos periodistas y una activista fueron detenidas, incomunicadas, sometidas a vejaciones sexuales por policías municipales de Izúcar de Matamoros, el pasado 10 de marzo.
Lee En Izúcar solo 50% de policías cuenta con Clave Única de Identificación PermanenteSe indicó que como parte de los actos de la conmemoración del 8M, se contempló una marcha que se realizaría el 11 de marzo, con ponencias y un tendedero de denuncias.
“Asimismo, y con el único fin de expresar de manera artística, pacífica y visual compañeras del colectivo salimos a realizar una campaña de concienciación de la violencia que existe en la región, el estado y el país por las mujeres víctimas de feminicidio”.
La actividad consistía en pintar en el piso siluetas de mujeres, sin dañar monumentos, agredir o atacar a nadie, por lo que se invitaron a dos periodistas para que cubrieran la actividad a realizar en la noche del 10 de marzo.
Las activistas pidieron a las periodistas Natali y Michelle Hoyos López que si podían ir a dejar a una compañera a su casa, sin embargo, previo a llegar al lugar fueron detenidas afuera del domicilio de la compañera por elementos de la policía municipal de Izúcar de Matamoros.
“Las bajaron arbitrariamente del vehículo donde se transportaban, amenazando tanto a compañeras del colectivo como a las periodistas, con uso de la fuerza, agresiones verbales y amenazas, asimismo mencionaban "son ordenes de la jefa y estará muy feliz por lo sucedido".
Las jóvenes estuvieron cinco horas incomunicadas acusándolas e intimidándolas con desaparecerlas, además de ser golpeadas, maltratadas, obligadas a quitarse la ropa y siendo objeto de tocamientos de sus partes íntimas.
“Condenamos enérgicamente la violación a sus garantías constitucionales, la privación ilegal de la libertad, abuso sexual y desaparición forzada por parte de elementos de las autoridades municipales de la administración encabezada por Irene Olea”.
Por ello llamaron a las autoridades estatales y nacionales en exigencia de justicia para las jóvenes y que la administración de Irene Olea se haga responsable por los delitos cometidos en contra de las mujeres de ese municipio.
Foto: especial
gse
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