La ley busca dejar a los migrantes sin acceso a servicios de salud y transporte
Izúcar de Matamoros, Pue.- Alrededor de unos 2 mil mixtecos del estado de Puebla y Oaxaca, que radican y trabajan en el estado norteamericano de Florida, se verán afectados con la nueva ley que entrara en vigor el 1 de julio que los dejara sin servicios de salud y transporte.
Lee Retiran tonelada de lodo de colector para evitar inundaciones en IzúcarLa ley SB1718 dejará sin servicios al sector de migrantes mexicanos que principalmente laboran en el sector agrícola, lo anterior lo dio a conocer José Plácido Jiménez Amigón, dirigente de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior (CIME) asentado en el municipio de Acatlán de Osorio.
Comentó que hombres y mujeres que abandonaron sus natales comunidades como Tehuitzingo, Tulcingo de Valle, Chila de las Flores, Petlalcingo, en el estado de Puebla y del lado oaxaqueño, Santo Domingo Tonalá, Nochixtlán, Tamazulapam, Huajuapan de León, Huajolotitlán, Camotlán.
Muchos de ellos radican en el estado de Florida, y trabajan de jornaleros en el corte de cítricos como naranja, mandarina y limón, principalmente en la región de Miami, y con la nueva ley se encontraran desprotegidos.
Cabe mencionar que el 1 de julio entrará en vigor en Florida la polémica Ley SB1718 que, entre otros puntos, niega el acceso médico a indocumentados y penaliza transportarlos, asimismo propone criminalizar la estancia indocumentada y a todos los residentes de Florida, no solo a quienes abran su casa, negocio, vehículo o lugar de culto a una amplia categoría de inmigrantes.
Aunado a lo anterior también se prohíbe el uso de permisos de conducir válidos de otros estados en manos de inmigrantes indocumentados, obliga a los hospitales a recabar información sobre la situación migratoria de los pacientes y a presentar informes trimestrales, y modificar las normas para compartir información sobre pacientes indocumentados.
El proyecto de ley también aumenta las multas por emplear a inmigrantes indocumentados, castiga con mayor severidad a los reincidentes en la contratación ilegal, impone severas penas de cárcel a los extranjeros que utilicen a sabiendas documentación falsa, establece el uso obligatorio del programa federal E-Verify y establece auditorías aleatorias de las empresas para verificar el cumplimiento del uso de este programa.
Foto: Lidchy Cano
cdch/clh
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