Partido aliado de Morena plantea sanciones por no votar en México

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PEVM) propuso reformar la Constitución Política para hacer obligatorio el ejercicio del voto en México y sancionar al ciudadano que, sin causa justificada, incumpla con ello.

Las sanciones podrían ir desde suspender por un año su credencial de elector como medio de identificación personal o aplicar una multa de 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, detalló en un comunicado.

Explicó que su iniciativa plantea agregar una fracción al artículo 36 de la Constitución Política, a fin de establecer un procedimiento legal que ayude a reducir el abstencionismo electoral, además de dar completa legitimidad a quienes fueron electos en cargos de elección popular.

“Hay que reflexionar cómo hacer efectivo el cumplimiento de la obligación, en nuestra ley fundamental, de votar en elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.

"Una alternativa es fijar consecuencias jurídicas para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acudan a las urnas cuando son convocados a ellas”, expuso.

Comentó que, en los comicios de 2022, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para renovar el Poder Ejecutivo, en la mayoría de los casos la participación ciudadana no rebasó el 50 por ciento, y en 2023, en el Estado de México y Coahuila apenas se alcanzó 50.07 y 56.56 por ciento, respectivamente, de la lista del padrón electoral.

“En el Partido Verde estamos comprometidos con el fortalecimiento del régimen democrático, rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, lo cual transita por combatir el abstencionismo”, afirmó.

Finalmente, recordó que la obligatoriedad del voto con consecuencia por incumplimiento está sancionado en 27 países, siete de ellos son de América: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; entre otras sanciones, destacan las multas pecuniarias, arrestos, trabajo social, no obtención de pasaporte o prohibición de ocupar cargos públicos.

Foto: archivo m

gse