Fallo de la SCJN contra ingenieros militares pone en riesgo al AIFA

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hace unos días la entrega de la información patrimonial de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados directamente en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar a un particular la versión pública de las declaraciones.

Los ministros de la Corte inobservaron el acuerdo del coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción por el que emiten los formatos de las declaraciones -articulo vigésimo- que establece que los Comités de Transparencia de cada ente público serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, atendiendo al marco de los artículos 108 y 113, fracciones I y III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al hacer públicas las declaraciones de los funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) todo mundo puede conocer el nombre y cargo de las personas servidoras públicas, adscritas al sector seguridad nacional, que participaron en el diseño y construcción de un proyecto considerado como de seguridad nacional como tal cual es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El acceso a la información de los ingenieros militares a cualquier persona podría ser aprovechada -entre otros- por el crimen organizado pues tendrían los nombres, cargos, y el área de adscripción de los profesionistas involucrados en la edificación del aeródromo y del proyecto ejecutivo del inmueble siendo que estos datos deberían de ser resguardados por seguridad nacional, y no poner en peligro la vida de los elementos de la Sedena y en riesgo la operación del aeropuerto.

Habría que recordar que, en octubre de 2022, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar dicha información, resolución que fue impugnada por la secretaria que dirige Roberto Salcedo Aquino vía Consejería Jurídica de Presidencia por lo cual el asunto escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 17 de agosto, con seis votos a favor, el pleno de la Corte declaró infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que se interpuso.

La Secretaría de la Defensa había solicitado en tiempo y forma la reserva de la información por considerar que dar a conocer el nombre y cargo de los ingenieros del ejército mexicano los exponía a ellos y a sus familias a un riesgo real respecto de sus vidas.

Además, se trata de la participación de estos profesionales en una obra de seguridad nacional como lo es el diseño y construcción de un aeropuerto internacional los cuales conocen el proyecto ejecutivo de obra, planos, memorias de cálculo, entre otra información, que podría resultar de interés de la delincuencia organizada.

Los impartidores de justicia del más alto tribunal de la nación señalaron que la Consejería Jurídica de Presidencia no aportó pruebas para demostrar que los documentos representan una violación a la seguridad nacional.

La mayoría del pleno de ministros de la Suprema Corte que decidieron que los ingenieros militares tenían la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales argumentaron que los miembros del ejército tienen carácter de servidores públicos, por lo que están obligados a hacer públicos sus patrimonios personales bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El fallo de la SCJN sienta un precedente por el que en adelante se podrán abrir todas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses alojados en DeclaraNet de las personas servidoras públicas que realicen actividades administrativas en el sector de la seguridad nacional no obstante que los Comités de Transparencia de las otras dependencias y entidades hayan reservado la información.

Lo que tendrían que tomar en cuenta los impartidores de justicia es que los militares y personal adscrito a las fuerzas armadas del Estado mexicano no son como ellos que solo van a sentarse en el trono para el cual no fueron elegidos, mientras que -de otro lado- los miembros del ejército nacional están para atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos, por lo que un día pueden estar en operativo militar, al otro día dando mantenimiento a los vehículos unidades de transporte y a la siguiente semana participando en la construcción de obras para el bien de México.

El fallo de la SCJN sobre dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares que estuvieron involucrados en el diseño y construcción del AIFA parece más una vendetta de los ministros de la Corte contra el gobierno de la Cuarta Transformación que una decisión jurídica de parte de los impartidores de justicia a los cuales parece no importarles los riesgos que puedan correr los miembros del ejército.

Los ministros de la Suprema Corte deberían predicar con el ejemplo ya que a muchos mexicanos nos gustaría conocer de primera mano la declaración patrimonial de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y saber que hacen con sus jugosos salarios y prestaciones monárquicas de que gozan, así como cuántos inmuebles, automóviles, joyas, inversiones tienen y saber cuántos viajes realizan ellos y sus familias al año.

Columna de Eduardo Esquivel Ancona en SDP Noticias

Foto Corte

clh