Recorte al Poder Judicial frenará al sistema penal acusatorio: Norma Piña

Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio, advirtió la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La ministra se reunió con los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), donde refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a estos casos.

A través de un comunicado, Piña Hernández sostuvo que, en México, la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria.

Estimó que ello es indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.

“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, reiteró.

La presidenta estuvo acompañada de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como de los consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez y Bernardo Bátiz Vázquez.

Junto con la Magistrada Taissia Cruz Parcero, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de La Corte y el Juez Antonio González García, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del CJF.

Aseguró que el PJF ha tomado atenta nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, este Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias. Anunció que entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el Grupo, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.

La ministra presidenta comunicó que, a finales de este año, desde La Corte se publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, precisamente sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.

Ante las preocupaciones específicas del GTDA relativas a la persistente impunidad frente a los agentes que llevan a cabo detenciones arbitrarias, la ministra Norma Piña explicó cómo se ha reforzado -desde las sentencias de La Corte- la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, incluyendo a las que pertenecen a las fuerzas armadas.

La ministra Norma Piña resaltó el valor indispensable de la independencia judicial, que debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura.

Al respecto, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervención confirmó que el tema de la independencia de los jueces es una característica importante en un país que enfrenta una criminalidad compleja y, además, resulta esencial para la presunción de inocencia.

Foto: SCJN

gse