La última y… ¿nos vamos?

La última ocurrencia del presidente es lanzar una iniciativa de reforma administrativa a través de la cual se pretende eliminar el INAI, la COFECE y el IFT, porque según él, “no sirven para nada”. “No le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, un contrasentido porque él prometió: transparencia, honestidad y Estado de Derecho, incluso como opositor, pugnaba por crearlas.

Contra todo lo democrático

Y se suman otras igualmente dañinas con las que se intentará reformar al Poder Judicial y atacar al Tribunal Electoral.

Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué motiva el ataque del presidente en contra de la democracia, la transparencia y la libre competencia? ¿Será que busca cómo perpetrarse en el poder?

Opacidad

No hay lógica, a menos de que todo lo que presume sea mentira. Dice ser el segundo presidente más popular del mundo, que su candidata Claudia lleva una ventaja de 60 puntos en algunas encuestas, que la economía va super bien y que en su gobierno no hay corrupción.

Entonces, ¿por qué quiere quitar todas estas instituciones de la vida democrática, económica y judicial del país? Será porque sabe que algo va muy mal y no quiere que el “pueblo bueno” se entere, o incluso, porque teme ser juzgado al final de su administración.

Eliminando al INAI garantizaría la impunidad del gobierno de Morena al mantener oculta la corrupción que impera, empezando por sus obras faraónicas.

Desde noviembre de 2021, AMLO lanzó un decretazo con el que declaró de interés público y de seguridad nacional todo lo concerniente a los proyectos y obras prioritarias encabezadas por su administración.

Cabe señalar que, según el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Con ese argumento el INAI impugnó el decreto y la SCJN confirmó su invalidez, dado a que estaba dirigido exclusivamente a una de las “partes”; es decir, las dependencias del Ejecutivo.

En respuesta, como burla y reto al Estado de Derecho, AMLO lanzó otro decreto en el que declaró obras de seguridad nacional el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal, todos controlados por militares.

Lo hizo a sabiendas de que el INAI no podía impugnarlo ni promover una controversia por la falta de tres de los siete comisionados lo que imposibilita al Pleno a sesionar. En franca intervención a otro Poder, AMLO ordenó al Senado evitar el cumplimiento de la orden de la Corte para el nombramiento de al menos dos comisionados del INAI. Incluso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en esa Cámara, aseguró que su bancada estaba dispuesta a nombrar a los comisionados del INAI. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por AMLO, Monreal entonces declaró: “El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, me informó que el presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI”.

¿Por qué le temen a la transparencia?

El gobierno de AMLO se niega a la rendición de cuentas y la lista de pendientes es grande: Segalmex, los contratos y asignaciones de Pemex a su prima Felipa, a los amigos de Andy, Dos Bocas, Tren Maya y AIFA y las compras, son contratos y asignaciones directas que se han hecho por toda la administración pública y que deberían estar bajo escrutinio.

Falta de coherencia

Asegura que el IFT o COFECE no ayudan al pueblo. La realidad es que estos órganos autónomos, que además son parte estratégica y sustantiva del T-MEC y los Tratados con la Unión Europea y con Asia, permiten entre otras cosas, la libre competencia, regular mercados y evitar monopolios. De hecho, uno de los más afectados es el mayor aliado de AMLO y de Salinas, el empresario Carlos Slim que perdió el monopolio de la telefonía fija y móvil.

El INE y el Tribunal Electoral son dos instituciones democráticas que garantizaron el voto ciudadano que lo llevó al poder y, en un presidente que se jacta de su popularidad, no se entiende la razón por la que los quiere eliminar, a menos que la realidad refleje “otros datos” muy distintos a los que presume en las mañaneras.

Son patadas de ahogado que pueden resultar muy contraproducentes, porque, la ciudadanía no lo permitirá; así se quiera quedar, los mexicanos somos más fuertes que un tirano y las instituciones permanecerían.

Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

Manuel Díaz en X: @diaz_manuel

Foto Daniel Augusto

clh