Peor que la inseguridad, la próxima presidenta lidiará con escasez de agua

La realidad climática nos ha alcanzado y a pesar de que, durante las últimas décadas, se ha insistido sobre las adversidades, hoy las vivimos paulatinamente hacia el desgaste. Los académicos estiman que hacia el 2028 no habrá agua en la Ciudad de México, mientras que Monterrey ya vivió aquella pesadilla por una temporada. Aun así, la crisis se ha administrado como si se tratara de acostumbrar por zonas a una nueva realidad. En algunas zonas del Estado de México e Iztapalapa, hay restricciones horarias y cortes programados mientras que la legislación estatal de algunas entidades abre la puerta a que la distribución del agua sea un negocio perfecto para la clase política, como en el caso de Querétaro.

La realidad, es que hay una crisis que avanza de manera casi silenciosa, opacada tan sólo por el estruendo de la nota criminal. Asaltos y muertes en carreteras, grupos del crimen cooptando antenas de Internet, cárteles con dominio territorial que no tiene ni Obama y tragedias ensangrentadas que corremos el riesgo de normalizar de tan cotidiana plana. El hecho es que tal sólo en la Ciudad de México, casi un 43% de habitantes no tiene acceso a agua potable.

Los condominios más privilegiados administran pipas mientras que los menos afortunados, aprenden a vivir con agua por horas o días, sin ella o inclusive, con agua apilada. Los factores son múltiples y según el Sistema de Aguas capitalino, durante el año que terminó hubo un 61% menos lluvias y precipitaciones que durante 1991 hasta 2020. Es un hecho que además de la falta de lluvia, el cambio climático está cambiando todas las dinámicas, como las jacarandas de enero y los extremos frentes fríos.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) mantiene un plan para reducir el abastecimiento de agua en un 25 % en los próximos cinco meses. La reducción comenzará en diciembre de 2024 y finalizará en abril de 2025. Sin embargo, la dinámica de otras entidades lleva años en pugna, como el caso de Sonora y la lucha de los yaquis para lograr acceder al líquido vital.

La nueva Ley de Aguas continúa pendiente, pero la parálisis legislativa sobre el tema no impide que llegue la primavera. Al ritmo de la escasez que se avecina, es predecible que los grupos delictivos podrían tener aún más injerencia de la que ya guardan en poblaciones, carreteras, caminos, cobro de derecho de piso y otros espacios.

El agua podría convertirse en el nuevo huachicol y los únicos que llevan ventajas son empresas que han sido concesionarias de pozos para la extracción de agua industrial, sea para producción de refrescos o cervezas, sea para pastoreo y crianza de bovinos o cerdos para la industria de la carne. Tan solo por poner un ejemplo, hace unas semanas se revelaba en SinEmbargo que la familia del expresidente Vicente Fox Quesada tiene 18 concesiones de agua para sus empresas en Guanajuato, siendo que tan solo una concesión asigna 137,27 litros por segundo a la familia.

La primera presidenta recibirá un México de sequía, pero también, de privilegios que deben terminarse. No es casualidad que, durante los últimos años, activistas ambientalistas defensores del territorio hayan terminado muertos al intentar evitar la explotación del líquido vital.

Desde refresqueras, minas, industria automovilística, cerveceras, hasta agricultura y la ganadería, los sectores que más agua utilizan contrastan. Mientras que algunos son productores del campo que, según la estadística, es de las actividades que más la desperdician estimando que del 50% al 70% del agua que se extrae se esfuma, literalmente, por evaporación, fugas y otros motivos; otros sectores son simplemente intocables de tanto poder económico.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la industria manufacturera representa el 74.5% del total de agua utilizada por la industria, colocándose a la cabeza en la lista de quién consume la mayor cantidad de agua en México.

Pero quienes deben esperar el agua una vez a la semana son las familias más pobres de Estado de México, Aguascalientes, Sonora, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Morelos y por supuesto, Ciudad de México con lo más difícil en Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez, Iztacalco y Cuauhtémoc.

En teoría, la nueva Ley de Aguas mantiene la esencia de combatir las distinciones por clase social para reconocer plenamente el derecho de cualquier mexicano para acceder al agua. El tema es que entre 8 de las empresas con más consumo de agua en el país, las personas más pobres palidecen. Se trata de, Ternium México, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ALFA Subsidiarias, Coca Cola, Industria del Álcali (Vitro con Capital), Pepsi y Bimbo.

La razón por la que la falta de agua es aún más peligrosa que la inseguridad es debido a que los crímenes son focalizados en regiones que desde el Secretariado de Seguridad Pública pueden identificarse y atenderse mediante estrategias de seguridad, mientras que la crisis hídrica es generalizada y crea condiciones de baja salubridad, de crisis, hostilidad y podría detonar aún más desigualdad. Sabemos que va a llegar, y la pregunta es cómo nos estamos preparando.

A pesar de que la ley de aguas estará en la lista de prioridades para su discusión en el Senado de la República en el periodo que inicia este 1 de febrero, las crisis climáticas no se resuelven por decreto.

Sin justicia hídrica, no hay civilidad. Claudia Sheinbaum, una científica ambientalista, tendrá un enorme reto ante el que bien se podría dar ejemplo a nivel mundial.

Columna de Frida Gómez en SDP Noticias

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