Se le está yendo el país de las manos

La violencia está desbordada y está subiendo la calidad de fuego de las organizaciones criminales. En Guanajuato, en la zona que controla el Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización que domina el huachicol, estallaron dos coches bomba, mientras que en Guerrero, en la Costa Grande, se enfrentaron militares con civiles armados. El teatro de operaciones criminales se amplío drásticamente en unos cuantos días, desde Sinaloa y Chiapas, hasta el centro del país. No se sabe aún si los estruendosos conflictos son parte de la extensión de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, pero lo que sí se ve es la primera crisis de seguridad que enfrenta la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, y que la pone a prueba sobre cómo manejar el desastre que le dejó Andrés Manuel López Obrador.

Los ataques en Guanajuato fueron al corazón del Cártel de Santa Rosa de Lima. Un coche bomba explotó en Acámbaro, a unos metros de las instalaciones de Seguridad Pública municipal, y poco tiempo después estalló otro en Jerécuaro, afuera de la sede de la Secretaría de Seguridad municipal. Ese cártel nació en 2014 en el centro y el sur del estado, en Villagrán, contiguo a Celaya, y en la herradura que hace frontera con Michoacán –donde está Acámbaro– y Querétaro –donde está Jerécuaro–. La selección de los objetivos sugiere que los agresores denunciaron colusión de la policía con los reyes del huachicol, aunque no se sabe de parte de quién fueron las bombas.

El Cártel de Santa Rosa de Lima, que tiene una alianza desde 2019 con Los Escorpiones, el brazo criminal del Cártel del Golfo, está enfrentado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con la fracción de Los Chapitos que está combatiendo a las milicias de Ismael el Mayo Zambada, en Sinaloa. La violencia que vivió ayer el sur de Guanajuato no fue inusual, pero lo escandaloso de los actos la colocó en el mismo nivel de atención pública de Sinaloa y Chiapas, los estados que estaban ocupando el interés nacional y los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum.

Es el mismo caso de Tecpan de Galeana, que ha vivido bajo la violencia por largo tiempo entre dos grupos, Los Granados y Los Chanos. Los Granados pertenecen a lo que se conoce como la Federación Guerrerense, donde Los Tlacos, el grupo criminal que, respaldado aparentemente por el gobierno de Evelyn Salgado, ha ido conquistando territorios y expandiéndose desde el centro y oriente del estado hasta la Costa Grande en busca de una salida al mar para su droga, y La Familia Michoacana, que tiene el mismo objetivo. No hay información sobre qué provocó el enfrentamiento y el bloqueo de la carretera de Acapulco a Zihuatanejo, donde tienen al Cártel Jalisco Nueva Generación como su principal enemigo.

El país se le está yendo de las manos a la Presidenta en materia de seguridad, pese a que toda la violencia no puede atribuírsele en estos momentos a su política. Es la herencia maldita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y consecuencia del fracaso de su estrategia de no combatir a los cárteles de las drogas, e inclinar su preferencia por Los Chapitos y, en segundo lugar, el Cártel de Sinaloa, al que también se conoce como Cártel del Pacífico. Sheinbaum necesita tiempo para que la estrategia que planteó al iniciar su administración, apenas hace tres semanas, pueda empezar a dar frutos. El problema es que no lo tiene, y la narrativa que está intentando construir, retomando las líneas generales de su predecesor y sus tácticas dilatorias y distractoras, no le está funcionando.

Ayer, por ejemplo, dedicó 638 palabras para responder una pregunta sobre la notificación oficial de una jueza para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma judicial. Al coche bomba en Acámbaro le dedicó 45 palabras. Del coche bomba en Jerécuaro se supo después de terminada. No cambió el ciclo noticioso. Sheinbaum, como lo hacía López Obrador para huir del fondo de la problemática, dijo que el martes informaría el gabinete de seguridad sobre los operativos que se están llevando a cabo para restablecer la seguridad.

Pero los habitantes de esos estados no tienen por qué esperar que les digan lo que están haciendo hasta la próxima semana. El resto del país, tampoco. Se necesita escuchar que la jefa del Estado mexicano está atenta, presente y actuando. Parecía que en el caso de Sinaloa lo estaba haciendo, y que el Ejército ya no tenía órdenes de huir, sino de enfrentar a los criminales cuando los atacaran: 19 civiles armados abatidos el martes parecían confirmarlo, aunque el índice de letalidad fue 19 civiles muertos contra cero soldados heridos o muertos, un radio que excede ampliamente los márgenes de legitimidad del uso de fuerza letal.

Peor aún, un video publicado por Reforma reveló que hace 15 días ocho soldados estuvieron a punto de ejecutar a un joven, a quien detuvieron en la calle y lo acusaron falsamente de un delito, pero que se salvó de morir porque la videocámara de un negocio grabó lo que sucedía. Lo que mostró el video, por cómo actuaron y decidieron matarlo tras tratarlo de manera arbitraria, mentirosa y criminal, es que su proceder no era nuevo. Cabe la pregunta: ¿qué tantos de los abatidos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales?

También, en lo que parecen ser usos y costumbres militares, Sheinbaum luce rebasada. Tampoco es atribuible a ella, sino a la necedad de López Obrador de llevarlos a la calle como policías. Ella, que lo respaldó, empieza a pagar las consecuencias de una política condescendiente con los criminales que les entregó un cacho de país. La Presidenta no va a poder lidiar con el fenómeno con el viejo discurso presidencial fallido, dados los resultados, y débil, ante la realidad, ni construir el espacio que necesita para que su estrategia empiece a funcionar. Necesita tomar la iniciativa de manera firme, porque los cárteles se están adueñando del tiempo mexicano y a ella se le están escapando las cosas de las manos.

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Columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio en El Financiero

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