La 4T y la reforma judicial: imposible tender puentes

Después de todo lo ocurrido esta semana con el Poder Judicial, desconozco cómo le vaya a ir a la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara en el Pleno de la Corte.

Yo diría que es probable que una mayoría calificada de ocho ministros apruebe su ponencia, pero no sé cuándo ocurra.

Esto significaría que el proceso de elección de juzgadores tuviera que modificarse para preservar la elección de los ministros de la Corte, así como de los Magistrados que integrarán el Tribunal Disciplinario y de los que forman la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero descartando la elección de jueces y magistrados ordinarios.

La propuesta de González Alcántara mantiene lo esencial del objetivo de López Obrador: que Morena y la presidenta tengan el control de la Corte… perdón, que los más altos cargos del Poder Judicial sean electos mediante el voto popular.

Desde el lunes pasado, cuando se hizo pública la sentencia que propondrá González Alcántara, Ricardo Monreal la rechazó olímpicamente. Y así sucedió con todas las otras instancias oficiales.

La posición es de todo o nada, y la convicción es que la Corte no tiene ninguna injerencia en las reformas constitucionales.

Eso, hoy menos que nunca, tras haberse aprobado ya la reforma denominada de “Supremacía Constitucional”, para cerrar cualquier rendija relativa a la Constitucionalidad de alguna reforma.

Le he explicado en diversas ocasiones que, en los sistemas democráticos modernos, siempre se ha dado cabida al llamado “control constitucional”, que permite a los tribunales constitucionales verificar que una reforma a la ley fundamental sea consistente con su espíritu como conjunto.

Se ha comentado hasta el cansancio, pero vale recordarlo. Con la reforma aprobada, si una mayoría calificada decide reformar el artículo 2 de la Constitución para permitir la esclavitud en el país, no podría hacerse nada internamente para evitarlo, aunque esa reforma sea inconsistente con lo que dice el artículo 1.

Me podrán decir que siempre quedan las instancias internacionales, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que México está integrado, pues no se reformó el artículo 1 constitucional como originalmente se pretendía.

Pero, la historia es que, en esa instancia, los juicios pueden tardar años y sus resultados ser ignorados.

La CIDH, ya condenó la existencia de la prisión preventiva oficiosa sin que haya cambiado nada.

Regresando a la coyuntura, si el máximo tribunal del país ordenara la suspensión del proceso electoral de jueces y magistrados lo más probable es que ni el Legislativo ni el Ejecutivo se sometieran a esa resolución.

Caeríamos entonces en la temida ‘crisis constitucional’.

La Corte, como cabeza del Poder Judicial, dejaría de ser un poder, como ya ocurre de facto en este momento.

Sería puramente teórico cualquier intento de destituir de sus cargos a la presidenta y a los legisladores, derecho que tendría la Corte ante el desacato.

¿Qué quedaría entonces?

La presidenta Sheinbaum ya dijo en varias ocasiones que no habría un juicio político contra los integrantes del Pleno que hubieran respaldado la propuesta de González Alcántara, para no convertirlos en víctimas.

Pero diversos legisladores de la 4T, no dudarían en ir hasta el fondo en contra de los ministros ‘rebeldes’.

En el fondo de todo, el problema es la negativa a encontrar una salida negociada que implica cesión de las partes. Ya los ministros aceptaron la elección popular de los cargos clave, ahora la 4T tendría que ceder a excluir a los jueces y a los magistrados ordinarios, para evitar la crisis.

Mal augurio será para el gobierno si en su segundo mes apenas enfrenta una crisis constitucional por la obstinación de un expresidente que dejó a su sucesora una bomba de tiempo, que ella no quiere desactivar.

No sobra recordar que los 35.9 millones de votos recibidos por la presidenta Sheinbaum son equivalentes tan solo al 36.4 por ciento de los 98.5 millones de ciudadanos con derecho a voto en México, es decir, que el 63.6 por ciento de los que podían votar no lo hicieron por ella o no acudieron a las urnas.

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Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero

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