El INAI desaparece oficialmente y nace el órgano "Transparencia para el Pueblo"

Este viernes 9 de mayo de 2025, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó de existir oficialmente, marcando el fin de un organismo autónomo que por casi dos décadas se encargó de velar por el derecho de acceso a la información y la protección de datos en México.

La transición se concretó con la firma de las actas de entrega por parte de los ex comisionados Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez, quienes formalizaron el traspaso de funciones al nuevo órgano llamado Transparencia para el Pueblo.

Este cambio ocurre como parte de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, publicada en diciembre de 2024, que también implicó la extinción de seis organismos autónomos adicionales:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)Comisión Reguladora de Energía (CRE)Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

Desde ahora, las funciones que antes correspondían al INAI recaerán en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, además del ya mencionado órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo, que asumirá el papel de autoridad garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que este nuevo modelo ofrecerá un enfoque “más ágil, accesible y justo para todas las personas”. Sin embargo, la desaparición del INAI no ha estado exenta de críticas y preocupaciones.

Diversos analistas y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre el riesgo de debilitar la transparencia y la rendición de cuentas. Una de las principales inquietudes es la pérdida de autonomía en la vigilancia del uso de recursos públicos y del tratamiento de datos personales.

Además, hay un impacto laboral considerable. Según reportes del diario El País, 419 trabajadores del servicio profesional de carrera ya fueron liquidados, mientras que otros 320 empleados continúan en la incertidumbre laboral respecto a su futuro en el nuevo esquema gubernamental.

Mientras tanto, el discurso oficial sostiene que esta reforma busca simplificar la administración pública y redirigir recursos hacia programas prioritarios, pero organismos de derechos humanos y expertos en transparencia advierten que centralizar estas funciones podría reducir la independencia operativa.

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foto cortesía

xmh