Trabajadores en México tienen hasta un año para reclamar el pago de utilidades si la empresa incumple

Las utilidades representan cada año uno de los ingresos laborales más esperados en México, pero también una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores: qué hacer cuando no se pagan a tiempo o cuánto tiempo existe para reclamarlas.
Este derecho, conocido como reparto de utilidades (PTU), está establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y obliga a las empresas a entregar a sus empleados una parte de las ganancias generadas durante el ejercicio fiscal previo, siempre que cumplan con los criterios legales correspondientes.
Para el ejercicio fiscal 2025, el calendario de pago marca dos periodos distintos: las personas morales deben cubrir este beneficio entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que las personas físicas tienen como límite el 29 de junio. Estos plazos son clave, ya que a partir de su vencimiento comienza a correr el periodo legal para presentar reclamaciones.
En caso de que una empresa no realice el pago dentro del tiempo establecido, la ley otorga a los trabajadores un margen de hasta un año para exigir el cumplimiento de este derecho. El conteo inicia al día siguiente de la fecha límite en que debieron depositarse las utilidades, lo que permite a los empleados iniciar acciones legales o administrativas dentro de ese periodo.
Sin embargo, una vez transcurrido ese plazo, el derecho a reclamar prescribe, lo que significa que ya no es posible exigir el pago correspondiente. Por ello, especialistas en materia laboral recomiendan a los trabajadores estar atentos a los calendarios oficiales y conservar evidencia laboral en caso de que sea necesario iniciar un proceso.
Si el pago no se realiza, los empleados pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde reciben orientación gratuita para iniciar una queja formal. Esta institución también puede acompañar a los trabajadores durante el proceso de conciliación o denuncia ante las autoridades laborales.
En algunos casos, la autoridad puede intervenir directamente para exigir a la empresa el cumplimiento del reparto de utilidades, siempre que se compruebe la obligación de pago. No obstante, también es importante considerar que no todas las empresas están obligadas a repartir este beneficio, ya que existen excepciones previstas en la ley, como empresas de reciente creación o instituciones sin fines de lucro.
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